La política migratoria en Canarias entra en una nueva fase. Un juez de El Hierro ha autorizado el inicio del procedimiento de expulsión de 85 de los 119 ocupantes del último cayuco que llegó al puerto de La Restinga, convirtiéndose en el mayor expediente de internamiento con vistas a una devolución puesto en marcha en el Archipiélago desde la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.

La resolución judicial se produjo una vez transcurridas las 72 horas máximas de detención policial. El magistrado autorizó el traslado de estas 85 personas a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde podrán permanecer hasta 60 días, el límite que establece la legislación española, mientras se tramitan sus expedientes de devolución. Hasta que existan plazas disponibles, continuarán en el Centro de Atención Temporal de San Andrés, en El Hierro.

El cayuco había llegado a La Restinga tras ocho días de travesía desde la costa de Gambia. En él viajaban 119 personas, entre ellas siete mujeres y cinco menores, procedentes de países como Gambia, Senegal, Mali, Guinea, Guinea-Bisáu y Costa de Marfil. Los menores quedan fuera del procedimiento de expulsión y seguirán el protocolo específico de protección previsto por la legislación española.

La decisión judicial marca un precedente en Canarias y refleja el endurecimiento de la política migratoria europea, que prioriza las devoluciones de quienes no reúnen los requisitos para permanecer en territorio comunitario. No obstante, la ejecución efectiva de las expulsiones dependerá de la colaboración de los países de origen, un trámite que en numerosas ocasiones dificulta o retrasa los retornos.