La gestión de la crisis migratoria del pasado 30 de julio ha llegado a los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha abierto diligencias previas contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, por un presunto delito de prevaricación omisiva, después de la denuncia presentada por Manos Limpias.

La denuncia sostiene que el delegado pudo conocer con antelación que se preparaba un intento masivo de entrada desde Marruecos y que, pese a ello, no habría adoptado las medidas suficientes para impedirlo. El procedimiento judicial deberá aclarar ahora qué información recibió realmente la Delegación del Gobierno, cuándo la recibió y qué decisiones se tomaron antes de que estallara la crisis fronteriza.

El asunto cobra especial dimensión después de las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien explicó que el CNI había trasladado el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, información sobre la existencia de una convocatoria para intentar acceder de forma irregular a Ceuta. Esa versión abrió además una evidente contradicción con Interior y con la propia Delegación del Gobierno.

Pérez Triano, por su parte, descarta dimitir y sostiene que ninguna de las informaciones recibidas permitía anticipar la magnitud de lo sucedido. El delegado confía en que las diligencias permitan esclarecer los hechos y defiende la actuación desarrollada durante aquellos días.

La apertura de diligencias no supone una condena ni acredita todavía la comisión de delito alguno, pero coloca judicialmente bajo la lupa la actuación del máximo representante del Gobierno de España en Ceuta durante una de las mayores crisis fronterizas vividas por la ciudad.