El Ayuntamiento remite la documentación a los juzgados sin esperar a que la soliciten y asegura que ya ha conseguido detener un lanzamiento previsto para octubre

El Ayuntamiento de La Laguna ha reforzado su actuación frente a los desahucios mediante un protocolo que permite adelantar a los juzgados los informes de vulnerabilidad de las personas afectadas. La medida busca agilizar los trámites y facilitar la aplicación de las herramientas de protección para las familias en situación de extrema vulnerabilidad.

La concejala de Bienestar Social, María Cruz, y la directora del área, Rosa Ana García Gaviño, han presentado este jueves el procedimiento a la presidenta de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, Inma Évora, durante una reunión en la que también se analizaron los recursos de emergencia habitacional.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ha dispuesto que se adopten “todas las medidas que nos permite la nueva legislación” para frenar los posibles desahucios de personas en situación de extrema vulnerabilidad en el municipio.

A través de los Servicios Sociales y de la empresa pública Muvisa, el Consistorio realiza un seguimiento individualizado de las personas y familias que podrían verse afectadas por una próxima orden de desahucio. Según informa el Ayuntamiento, las medidas aplicadas ya han permitido detener un lanzamiento previsto para el pasado mes de octubre.

La principal novedad del procedimiento es que la administración municipal no espera a que el juzgado reclame el informe de vulnerabilidad, sino que lo remite de forma anticipada. Con ello pretende que la autoridad judicial disponga cuanto antes de la información necesaria para valorar las medidas de protección correspondientes.

Durante el encuentro también se estableció una hoja de ruta para impulsar una participación más activa del Colegio de Abogados, el Colegio de Trabajadores Sociales y la Administración de Justicia, con el objetivo de estudiar todas las alternativas disponibles en cada caso.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha remitido un oficio al Instituto Canario de la Vivienda para comunicar la situación de determinadas familias vulnerables y reforzar la coordinación con el Gobierno de Canarias en la búsqueda de soluciones habitacionales.