La nueva regulación de la vivienda vacacional vuelve a enfrentar las dos visiones del modelo turístico de Canarias. Excelcan sostiene que la normativa ya está reduciendo de forma importante la oferta y mejorando el comportamiento de los alojamientos turísticos tradicionales, mientras ASCAV replica que la reducción de pisos vacacionales no ha demostrado, hasta ahora, que haya mejorado el acceso de los residentes a la vivienda.

Los datos presentados este martes por la alianza de empresas turísticas Excelcan reflejan que las plazas de vivienda vacacional ofertadas durante el segundo trimestre de 2026 disminuyeron un 19,6% respecto al mismo periodo de 2025. La tarifa media diaria cayó un 12,5% y los ingresos totales del segmento retrocedieron un 26,4%.

Su vicepresidente, José Carlos Francisco, afirmó además que alrededor de 40.000 viviendas han desaparecido del registro tras la nueva regulación y calificó la intervención normativa como “fundamental”.

Excelcan también vincula esta reducción de la oferta vacacional con una mejora de los precios obtenidos por los alojamientos turísticos tradicionales, mientras las tarifas de las viviendas vacacionales han evolucionado a la baja.

Pero la lectura de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional es radicalmente diferente.

Consultada por La Gaceta de Canarias, la presidenta de ASCAV, Doris Borrego, pone el foco precisamente en esa subida de precios del alojamiento tradicional.

“El objetivo desde el sector turístico tradicional se ha cumplido: han subido los precios. A menos oferta, más precio para ellos”, señala Borrego.

La presidenta de ASCAV contrapone ese resultado con uno de los fundamentos utilizados para justificar la regulación: proteger el uso residencial de las viviendas y favorecer que el parque inmobiliario atienda las necesidades habitacionales de la población.

Borrego sostiene que ese segundo efecto no se ha producido.

“El propósito de la expulsión, según la justificación del cuerpo de la ley, reflejaba la intención de aliviar la situación de la vivienda residencial en las Islas. Cosa que no se ha cumplido”, afirma a este periódico.

ASCAV introduce además una discrepancia directa sobre otro de los datos expuestos por Excelcan. Borrego asegura que la asociación no comparte la tesis de una reducción de precios de la vivienda vacacional.

“No puedo suscribir desde ASCAV los datos de la bajada de precios. Los datos que me constan son otros”, señala, precisando que dispone de esas cifras en la sede de la organización.

La organización que preside Borrego lleva meses cuestionando el diseño de la normativa y defendiendo que una parte sustancial de la vivienda vacacional corresponde a pequeños propietarios. ASCAV también ha advertido de que una reducción drástica de esta oferta podía terminar beneficiando al alojamiento tradicional mediante una menor competencia y unos precios superiores.

Así, los mismos números abren dos lecturas completamente enfrentadas: Excelcan ve en la caída del 19,6% la constatación de que la regulación está funcionando; ASCAV responde que reducir la vivienda vacacional no basta para acreditar que se haya solucionado el problema que afecta al mercado residencial canario.