Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han reactivado su propuesta para dotar a las dos islas orientales de un marco normativo propio que permita responder a sus particularidades económicas, territoriales y sociales. La iniciativa, defendida este lunes por los presidentes insulares Oswaldo Betancort y Lola García, comenzará a abordarse en el Parlamento de Canarias a partir del próximo mes de septiembre.
La presidenta del Cabildo de Fuerteventura explicó que ambas instituciones llevan tiempo analizando esta posibilidad y consideran necesario contar con una legislación específica similar a la que ya tienen las denominadas Islas Verdes. Según señaló, el fuerte crecimiento poblacional que experimentan ambos territorios genera necesidades adicionales que requieren respaldo normativo y una financiación adaptada a su realidad.
“Sabemos que las singularidades y especificidades de las islas de Lanzarote y Fuerteventura necesitan también, como las islas verdes, una ley, porque nosotros estamos sufriendo el crecimiento poblacional y esto tiene que tener una repercusión económica para cubrir esas necesidades”, afirmó García.
La responsable majorera destacó que la futura norma debería contemplar aspectos relacionados con las infraestructuras, la movilidad, el transporte y la presión demográfica, además de incorporar medidas específicas para reforzar el sector primario. Asimismo, insistió en la necesidad de mejorar la gestión de recursos esenciales como el agua. “Tenemos problemas con el agua y no podemos seguir así, sino que tenemos que tener unas subvenciones específicas”, subrayó.
Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote defendió que ambas islas desempeñan un papel fundamental en la economía canaria y en la generación de empleo, aunque soportan circunstancias particulares que justifican un tratamiento diferenciado. Betancort señaló que Lanzarote y Fuerteventura registran una inflación superior a la media regional y precisan herramientas adaptadas a sus necesidades.
En su opinión, la futura ley debe ir más allá de cuestiones urbanísticas y abarcar ámbitos estratégicos como el ciclo integral del agua, los transportes, los puertos, los aeropuertos, el cambio climático o el desarrollo del sector primario. El objetivo, afirmó, es contar con un marco jurídico que contribuya a proteger los intereses de ambas islas y facilite su desarrollo futuro.
“No queremos tener más que nadie, sino que esa Canarias igual realmente sea evidente”, manifestó el dirigente lanzaroteño durante su intervención.
La propuesta fue planteada en el marco del V Foro Económico de Lanzarote, organizado por el Grupo Biosfera Media en Arrecife bajo el título “Perspectivas económicas desde el eje oriental de Canarias”. El encuentro reunió también a representantes del sector empresarial y financiero, entre ellos el consejero delegado de Dinosol Supermercados y consejero del Grupo HD, Javier Puga; la directora territorial del Banco Santander en Canarias, Beatriz Martínez; y el presidente de la naviera Baleària, Adolfo Utor Martínez.