Canarias registró durante el pasado año un total de 7.825 solicitudes de asilo, refugio o protección internacional, una cifra que supone un incremento del 2 % respecto al ejercicio anterior, a pesar de que las llegadas de migrantes a las costas del archipiélago se redujeron un 62 %. Así lo destacó este lunes el coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en las islas, Juan Carlos Lorenzo, durante la presentación del informe anual de la organización.
Los ciudadanos procedentes de Venezuela y Mali concentraron la mayor parte de las peticiones registradas en Canarias. Tras ellos se situaron solicitantes originarios de Colombia, Senegal, Guinea, Gambia y Perú, país este último desde el que CEAR ha detectado un aumento de las demandas de protección internacional.
Durante su intervención, Lorenzo insistió en la necesidad de habilitar vías legales y seguras para acceder al asilo y evitar nuevas tragedias en las rutas migratorias. Además, alertó de que, aunque el número de llegadas por mar ha disminuido, las personas que alcanzan las costas canarias lo hacen en peores condiciones de salud, una realidad que, según explicó, se refleja en el aumento de amputaciones practicadas a migrantes tras su rescate.
El responsable de CEAR también puso el foco en la situación de la infancia migrante. Según detalló, el 15 % de quienes llegaron en patera o cayuco a Canarias durante 2025 eran menores sin referentes familiares. En este contexto, valoró positivamente la agilización de los traslados a otras comunidades autónomas gracias a la reforma de la Ley de Extranjería y a las resoluciones judiciales que obligan al Estado a asumir la tutela de los menores solicitantes de protección internacional.
En total, 581 menores no acompañados fueron derivados el pasado año fuera del archipiélago. Aun así, Lorenzo indicó que cerca de 3.000 niños y adolescentes continúan siendo atendidos en los recursos de acogida de Canarias, por lo que reclamó seguir mejorando la calidad de los servicios que reciben ahora que la situación de saturación ha comenzado a aliviarse.
Otro de los aspectos abordados durante la presentación fue la integración de las personas migrantes y refugiadas. Lorenzo sostuvo que las dificultades no terminan al llegar a España y denunció que continúan existiendo barreras para acceder a derechos básicos como el Ingreso Mínimo Vital, una vivienda digna o el empadronamiento, factores que complican los procesos de inclusión social.
Asimismo, mostró su preocupación por el incremento de los delitos e incidentes de odio registrados en el país. Según recordó, estos aumentaron un 23,6 % durante el último año, alcanzando la cifra más elevada de la serie histórica. Ante esta situación, CEAR reclama la puesta en marcha de un pacto de Estado que contribuya a frenar los discursos xenófobos y racistas.
Lorenzo aprovechó también para criticar el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, una postura compartida por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Mientras este último reiteró que la normativa convertirá a las islas en “cárceles”, el representante de CEAR cuestionó la “apuesta decidida” por la externalización de fronteras y las políticas de retorno, y advirtió de un escenario con “más control, más deportaciones y menos protección”.