El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado de nuevo aplicar la Ley de Amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación. Una decisión que afecta también al que fuera conseller Toni Comín. En el caso de Puigdemont, Llarena mantiene vigente, además, la orden nacional de detención.

El juez sostiene que el pronunciamiento del tribunal europeo elimina uno de los argumentos que había utilizado anteriormente para excluir la malversación de la amnistía: la posible afectación de los intereses financieros de la Unión Europea. Sin embargo, considera que permanece otro motivo independiente para no aplicar la medida de gracia, relacionado con la existencia de un supuesto beneficio personal de carácter patrimonial.

La decisión queda pendiente del Constitucional

El escenario podría cambiar en las próximas semanas. Llarena ha dejado abierta la posibilidad de revisar su posición si el Tribunal Constitucional establece que la malversación vinculada al ‘procés’ sí debe quedar cubierta por la Ley de Amnistía. El Constitucional tiene previsto abordar próximamente los recursos relacionados con esta cuestión.