Sindicatos y organizaciones sociales siguen tratando de convocar a la mayor cantidad posible de ciudadanos de cara a la huelga general de este 11 de noviembre, para reclamar medidas que garanticen el derecho a la vivienda, mejores salarios y una mayor inversión en los servicios públicos. La movilización, de carácter atípico, llega en vísperas del inicio de la campaña electoral y ha generado el rechazo de la patronal CEOE y de los partidos de la oposición.

Las organizaciones convocantes han defendido desde el principio que la protesta responde a reivindicaciones sociales y laborales planteadas antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre. En este sentido, han insistido en que sus destinatarios son tanto la patronal como las distintas Administraciones Públicas, las comunidades autónomas y el Ejecutivo central.

El origen de la convocatoria se encuentra en las movilizaciones por el derecho a la vivienda, impulsadas tras el desahucio de Maricarmen Abascal y promovidas por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, junto a organizaciones sindicales como CGT y CNT. Horas después de que Sánchez comunicara el adelanto electoral, CCOO y UGT anunciaron su incorporación a la protesta.

La fecha del 11 de noviembre se acordó pocos días después y todas las organizaciones acudieron conjuntamente al Ministerio de Trabajo para registrar la convocatoria. Será la primera huelga general de 24 horas respaldada por las dos principales centrales sindicales en 14 años y la primera que se celebra con unas elecciones generales ya convocadas.

Uno de los principales objetivos de la jornada es presionar a la CEOE para que abra las negociaciones salariales y acuerde un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Los sindicatos también reclaman mejoras en los servicios públicos y un incremento de las inversiones destinadas a garantizar su funcionamiento.

La patronal expresó su rechazo a la convocatoria y anunció que estudiaría impugnarla al considerarla «ilegal y política», aunque no ha concretado esa iniciativa antes de la celebración de la huelga.

El PP y Vox también han cuestionado la movilización, al considerar que tiene un carácter político y que se dirige contra la oposición en pleno proceso electoral. Los populares han recordado, además, que durante los ocho años anteriores no se había convocado ninguna huelga general contra el Ejecutivo.

La polémica se intensificó tras el accidente ferroviario de Urda, cuando el PP reclamó directamente a las organizaciones sindicales que retiraran la convocatoria. «Reconsideren esa huelga, convocada contra la oposición», afirmó el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quien calificó inicialmente la movilización de «un profundo error de concepto» y añadió que, tras conocerse los 69 fallecidos, «es un grave error».

Los sindicatos rechazaron modificar sus planes y defendieron su derecho a mantener la protesta. «No vamos a desconvocar la huelga general, no hay ninguna razón para desconvocarla», sostuvo el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Por su parte, el Gobierno ha defendido el carácter fundamental del derecho a huelga, aunque ha pedido que no se «utilice políticamente el dolor de las víctimas».

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, expresó esta misma semana su confianza en la respuesta ciudadana. «Las movilizaciones sociales del 11N van a ser muy potentes (…) Somos optimistas respecto al seguimiento de la huelga», aseguró, aunque reconoció el «cambio en el estado de ánimo del país por el shock» provocado por el accidente ferroviario.

Los sindicatos han advertido de que la jornada tendrá características diferentes a las de otras huelgas generales. Su principal indicador de seguimiento no será únicamente la paralización de la actividad laboral, sino también la participación en las manifestaciones convocadas durante la tarde en distintos puntos del país.

Así lo explicaron representantes sindicales durante un desayuno informativo organizado por EFE y RTVE, en el que señalaron que la valoración definitiva de la convocatoria deberá realizarse una vez concluya la jornada y finalicen las movilizaciones previstas.