El tren de Gran Canaria sigue avanzando después de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable haya quedado oficialmente publicada y activado ya los siguientes pasos administrativos para una de las mayores infraestructuras previstas en Canarias.

La resolución ambiental, conocida en abril pero reforzada ahora con nuevos trámites técnicos y administrativos, permite al Cabildo de Gran Canaria iniciar procedimientos vinculados a expropiaciones, adaptación de proyectos y planificación definitiva de ejecución de la línea ferroviaria entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas.

El proyecto contempla un trazado de unos 58 kilómetros, once estaciones y trenes de hasta 160 kilómetros por hora para conectar la capital con el sur turístico de la Isla. La infraestructura busca aliviar la saturación crónica de la GC-1 y transformar la movilidad insular mediante un sistema ferroviario de alta capacidad.

La Declaración de Impacto Ambiental concluye que el proyecto no generará efectos ambientales significativos siempre que se cumplan las medidas correctoras, de integración paisajística y vigilancia ambiental impuestas por el Órgano Ambiental del Cabildo. Entre las exigencias destacan la integración visual de las estaciones, protección del paisaje y supervisión permanente de la obra.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha defendido el tren como “clave” para el futuro de la movilidad sostenible en la Isla, mientras el consejero de Movilidad, Teodoro Sosa, celebró que el proyecto haya superado uno de los trámites más complejos tras años de bloqueo administrativo.

No obstante, el proyecto sigue generando debate político y técnico por su elevado coste —superior a los 1.500 millones de euros— y por algunos puntos sensibles como la integración ferroviaria en San Telmo y el impacto urbano en zonas estratégicas de la capital grancanaria.