La polémica por el uso de fondos europeos para financiar parcialmente el sistema de pensiones español ya ha escalado a Bruselas y amenaza con abrir un nuevo frente político dentro de la Unión Europea. El Partido Popular Europeo (PPE) ha cargado contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por permitir que España utilice recursos del programa Next Generation para cubrir gasto ligado a las pensiones mientras, paralelamente, regiones como Canarias llevan años reclamando mayor flexibilidad para invertir esos fondos en vivienda, infraestructuras hidráulicas o emergencia social.

La controversia surge después de que trascendiera que parte de los recursos europeos fueron empleados temporalmente para financiar pensiones y complementos mínimos, una práctica que Bruselas considera legal dentro de mecanismos de tesorería y ajustes presupuestarios. Sin embargo, desde sectores conservadores europeos y alemanes se acusa a la Comisión de “desvirtuar” el espíritu original de los fondos creados tras la pandemia para transformación económica, digitalización y transición verde.

En Canarias, el debate ha generado especial malestar político. Distintas administraciones del Archipiélago habían reclamado en los últimos años poder destinar una mayor parte de los fondos europeos a resolver problemas estructurales vinculados al acceso a la vivienda, la sequía, la desalación o la modernización hidráulica, encontrándose con mayores restricciones técnicas y burocráticas.

El vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea defendió que las operaciones realizadas por España no ponen en riesgo los objetivos del mecanismo europeo, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que no ha existido irregularidad alguna.