LA GACETA ha revisado el BOE, la Constitución, la Ley de Extranjería y la normativa europea ante una cuestión que vuelve al debate nacional tras la crisis de Ceuta. La conclusión jurídica es clara en lo esencial: España dispone de competencias para construir o reforzar barreras físicas dentro del perímetro fronterizo bajo su jurisdicción. Otra cuestión distinta es qué tipo de infraestructura se levante y cómo se compatibilice con las obligaciones de asilo, derechos humanos y Derecho europeo.

La posibilidad de levantar un muro más contundente en la frontera terrestre entre Ceuta y Marruecos ha entrado de nuevo en el debate público después de la crisis migratoria que comenzó a finales de julio. Ante la discusión política, LA GACETA ha acudido directamente a la legislación vigente y al Boletín Oficial del Estado para responder a la pregunta sin entrar en consideraciones sobre si España debería o no hacerlo.

El primer dato aparece en la propia Constitución. Su artículo 149 reserva al Estado las competencias exclusivas sobre inmigración, extranjería y derecho de asilo, relaciones internacionales y defensa. La decisión sobre una infraestructura fronteriza de esta naturaleza correspondería, por tanto, al Estado y no a la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Además, España ya dispone de una barrera física en ese lugar. Un documento publicado en el BOE por la Secretaría de Estado de Seguridad describe el perímetro de Ceuta, de unos 8,7 kilómetros, como una infraestructura adscrita al Ministerio del Interior que constituye una «barrera física» para el control de las entradas irregulares. El Estado ha contratado durante años obras de refuerzo, modernización y mantenimiento del perímetro fronterizo.

Es decir, desde el punto de vista competencial, no existe una diferencia esencial entre mantener, elevar o transformar una valla fronteriza y construir una infraestructura física de mayor entidad, siempre que se ejecute dentro del ámbito territorial en el que España ejerce sus competencias y el proyecto cumpla el resto de la legislación aplicable.

El propio Gobierno ha vuelto a situar la frontera de Ceuta dentro de las competencias estatales de seguridad. El Real Decreto 681/2026, aprobado tras la crisis de este verano, declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional y extendió expresamente su ámbito a «la frontera terrestre, los puestos fronterizos, las costas, los puertos y las aguas adyacentes» de Ceuta.

El límite: un muro no convierte la frontera en un espacio sin ley

La posibilidad jurídica de instalar una barrera física no significa que desaparezcan las obligaciones internacionales de España. La disposición adicional décima de la Ley de Extranjería habla expresamente de los «elementos de contención fronterizos» de Ceuta y Melilla y permite rechazar a quienes sean detectados tratando de superarlos irregularmente. Pero la misma disposición obliga a efectuar esas actuaciones respetando la normativa internacional sobre derechos humanos y protección internacional y mantiene los procedimientos para solicitar asilo.

Por tanto, una eventual sustitución de parte de la actual valla por un muro, un sistema de doble barrera o cualquier otra construcción no permitiría suspender las garantías jurídicas existentes.

También sería necesario tramitar el proyecto conforme a las normas correspondientes de contratación pública, obras, seguridad y, cuando resulte exigible por sus características y emplazamiento, evaluación ambiental. La ubicación exacta tendría asimismo que permanecer dentro del territorio sobre el que España ejerce soberanía o competencias.

No aparece en la normativa revisada una obligación general de obtener autorización de Marruecos para reforzar una infraestructura situada íntegramente del lado español. Una actuación que afectara a la propia línea internacional o a territorio bajo jurisdicción marroquí plantearía, en cambio, un escenario jurídico y diplomático diferente.

El BOE lleva décadas reconociendo una «barrera física» en Ceuta

La respuesta a la discusión sobre si España puede construir una barrera de mayor entidad tiene un precedente evidente: la frontera ya está físicamente cerrada y el Estado lleva décadas invirtiendo en ella.

En 2004 y 2005, el Ministerio del Interior adjudicó obras específicas de «reforzamiento» y «mejora de la seguridad del perímetro fronterizo de Ceuta». En 2018 se puso en marcha un nuevo proyecto técnico de modernización y, todavía en abril de 2026, el BOE recoge contratos estatales para supervisar y mantener las instalaciones fronterizas de Ceuta y Melilla.

La discusión, por tanto, no es jurídicamente muro sí o muro no, sino qué infraestructura decide construir el Gobierno dentro de sus competencias, con qué características y respetando qué garantías.

Qué dicen los principales partidos

El debate político actual no se ha articulado, al menos por ahora, alrededor de una propuesta formal y detallada para construir un muro. Las formaciones sí mantienen posiciones diferentes sobre cuánto debe reforzarse la frontera y qué instrumentos utilizar.

PSOE y Gobierno. El Ejecutivo apuesta por reforzar el control fronterizo, pero combina esa política con la defensa de las obligaciones humanitarias y del derecho internacional. Pedro Sánchez ha rechazado definir a quienes entraron en Ceuta como «invasores» y ha cuestionado una respuesta militar a la crisis. El PSOE sostiene que una democracia debe proteger sus fronteras sin renunciar a los principios humanitarios. El Gobierno ha anunciado además nuevos refuerzos de seguridad ante posibles nuevas entradas. En las fuentes revisadas no figura una propuesta socialista específica para sustituir la actual valla por un muro.

Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo ha defendido «blindar la frontera» cuando exista información sobre una posible entrada masiva y ha planteado incluso la utilización de las Fuerzas Armadas dentro del marco constitucional. Este lunes reclamó además presencia permanente de Frontex en Ceuta, el refuerzo de Guardia Civil y Policía y financiación europea para ampliar el espigón del Tarajal. Las propuestas consultadas insisten en reforzar físicamente y operativamente la frontera, aunque no detallan por ahora un proyecto concreto de muro.

Vox. Es la formación que plantea un esquema de seguridad más amplio en términos de presencia permanente de las Fuerzas Armadas. Ha registrado iniciativas para aumentar los efectivos militares, policiales y de Guardia Civil, crear un mando integrado y reforzar la vigilancia terrestre, marítima y aérea. También reclama retornos de quienes hayan entrado irregularmente. Sus últimas iniciativas hablan de «blindar» Ceuta y Melilla, aunque las fuentes revisadas no contienen un proyecto técnico específico de muro.

Sumar. La formación ha centrado su posición en la respuesta humanitaria y en trasladar a la Península a personas acogidas en Ceuta para reducir la presión sobre la ciudad. Ha criticado el enfoque migratorio del PP y Vox y ha reclamado al PSOE una actuación más rápida. En las posiciones públicas localizadas no aparece una propuesta de levantar un muro fronterizo.

Coalición Canaria. Para CC, la frontera sur necesita más protección y una mayor implicación de España y de la Unión Europea. Cristina Valido ha criticado que el Estado no reforzara suficientemente la frontera pese a los avisos previos a la crisis, al tiempo que reclama respeto a los derechos humanos y corresponsabilidad europea. Tampoco ha planteado públicamente, en las fuentes consultadas, un proyecto concreto para construir un muro.

La conclusión jurídica que deja la legislación consultada por LA GACETA es, por tanto, distinta del debate político: el Estado tiene competencias para reforzar sustancialmente la barrera de Ceuta e incluso sustituir su configuración actual por otra infraestructura física dentro de territorio español. Que el Gobierno decida hacerlo, cómo y hasta dónde es ya una decisión política.