El monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife entra definitivamente en una larga batalla judicial. El Ayuntamiento ha decidido llevar al Gobierno de España ante los tribunales después del rechazo al recurso presentado contra la resolución que ordena la retirada de la escultura situada en la avenida de Anaga.

Comienza así un auténtico vía crucis jurídico que puede prolongarse durante meses e incluso años. De un lado, el Ayuntamiento que preside José Manuel Bermúdez, dispuesto a defender sus competencias municipales y el valor artístico y patrimonial del conjunto. Del otro, el Gobierno de Pedro Sánchez y el departamento responsable de Memoria Democrática, encabezado por el ministro canario Ángel Víctor Torres, que mantiene la aplicación de la legislación estatal.

La controversia abandona definitivamente el terreno político y administrativo para instalarse en los juzgados. Santa Cruz pretende que sea la Justicia la que determine si el Estado puede imponer la retirada del monumento y si durante el procedimiento se han valorado suficientemente sus características patrimoniales, artísticas y urbanísticas.

El movimiento del Ayuntamiento abre además la posibilidad de solicitar medidas cautelares para intentar evitar cualquier actuación irreversible mientras se resuelve el fondo del asunto. La presentación del recurso, sin embargo, no supone por sí misma la paralización automática de la retirada.

El monumento se convierte así en el epicentro de una confrontación institucional de enorme carga política. Bermúdez frente a Torres y el Gobierno de Sánchez, Santa Cruz frente al Estado y, a partir de ahora, una batalla que tendrá como escenario principal los tribunales.

La última palabra sobre una de las esculturas más polémicas y reconocibles de la capital tinerfeña ya no estará únicamente en los despachos políticos. Empieza una larga guerra jurídica por el futuro del monumento de Santa Cruz.