El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desarrolla 4.290 actuaciones en materia de vivienda con una inversión superior a 112,2 millones de euros, entre programas de construcción de vivienda pública, rehabilitación de edificios y barrios, mantenimiento del parque municipal y ayudas a familias con dificultades para afrontar el alquiler o la hipoteca.

Del conjunto de actuaciones, 343 corresponden a nueva vivienda, mientras que las 3.947 restantes están relacionadas con la rehabilitación y conservación del parque residencial. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha defendido una estrategia que combine el incremento de la oferta pública con la atención a las familias en situación de vulnerabilidad.

“la política de vivienda no puede limitarse únicamente a construir nuevas casas, sino que tiene que ofrecer una respuesta completa a las distintas realidades de las familias. Por eso estamos actuando simultáneamente en la creación de vivienda pública, en la rehabilitación de barrios y edificios y, junto al área de Políticas Sociales, en ayudar a las personas que tienen dificultades para hacer frente al alquiler o a su hipoteca”, ha señalado.

Entre las principales actuaciones figura la promoción de 263 viviendas protegidas destinadas al alquiler en Cuevas Blancas y María Jiménez. Se trata de 226 viviendas en el primer enclave y 37 en el segundo, con una inversión conjunta prevista de 41,7 millones de euros en colaboración con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife. El Ayuntamiento aporta los terrenos y asume los costes de urbanización asociados.

A esta promoción se suma el Programa Insular Activa Vivienda, que contempla la adquisición de una promoción ya terminada en Valleseco, compuesta por 20 viviendas y 32 garajes, con un valor estimado de contrato de 3,47 millones de euros.

El Ayuntamiento prevé además construir entre 50 y 60 viviendas públicas en terrenos municipales del Distrito Suroeste dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), con financiación europea. El proyecto está dirigido especialmente a facilitar viviendas asequibles a colectivos vulnerables e incorpora criterios de accesibilidad, eficiencia energética y sostenibilidad, además de posibles espacios comunitarios. El ámbito de actuación afecta a una población estimada de 38.877 personas.

La rehabilitación de viviendas y espacios urbanos concentra otra parte de la inversión. Los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) de Añaza, Añaza II y Los Gladiolos contemplan actuaciones sobre 813 viviendas y movilizan unos 27,7 millones de euros procedentes de fondos europeos.

Los programas de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) incluyen, por su parte, actuaciones en 1.568 viviendas de barrios como García Escámez, La Victoria, Los Gladiolos, Miramar, Ofra, Santa María del Mar y La Salud. Estas intervenciones cuentan con una inversión global de 28,8 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda y están orientadas a mejorar los edificios y espacios urbanos, así como la eficiencia energética y la accesibilidad.

La concejala de Vivienda, Ana Belén Mesa, ha señalado que la política municipal tiene como objetivos tanto ampliar el parque público como actuar sobre las viviendas y barrios existentes para mejorar sus condiciones.

“Estamos trabajando para que la política de vivienda tenga una doble dimensión: aumentar la oferta pública disponible y mejorar las viviendas y los barrios que ya existen”, ha afirmado.

Viviendas Municipales mantiene asimismo los trabajos de reparación, conservación y mejora de las 1.566 viviendas de alquiler social que integran el parque municipal, el mayor de Canarias. Los inmuebles se encuentran, entre otros puntos, en San Pío, Barrio de la Alegría, Cuesta Piedra y Valleseco, y las actuaciones de mantenimiento cuentan con una inversión de un millón de euros.

La atención directa a las familias se completa con las ayudas gestionadas por el área de Políticas Sociales. Durante 2025 se abonaron 2.128 Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS) destinadas al alquiler y la hipoteca, por un importe de 3.979.925,59 euros.

En lo que va de 2026, con datos contabilizados hasta el 29 de septiembre, se han concedido otras 271 prestaciones por 586.581,61 euros. En conjunto, ambos periodos suman 2.399 ayudas y 4.566.507,20 euros, aunque las cifras de 2026 corresponden a un ejercicio todavía en curso.

La concejala de Políticas Sociales, Charín González, ha señalado que las ayudas pretenden intervenir antes de que las dificultades económicas de una familia desemboquen en la pérdida de su vivienda.

“Las PEAS nos permiten intervenir de manera directa para ayudar a las familias a mantener su vivienda, pero también trabajamos en coordinación con Vivienda y con los juzgados cuando existe una situación de especial vulnerabilidad”, ha explicado.

Los Servicios Sociales municipales también han remitido a los juzgados 234 informes de vulnerabilidad durante 2025 y otros 220 en lo que va de 2026, con información sobre las circunstancias sociales y económicas de personas afectadas por procedimientos de lanzamiento.

Bermúdez ha señalado que la actuación municipal combina el aumento de vivienda pública, la rehabilitación y el mantenimiento del parque residencial con las ayudas dirigidas a los hogares que atraviesan dificultades económicas.

“Construir vivienda pública es fundamental, pero también lo es rehabilitar los barrios, mantener nuestro parque municipal y disponer de recursos sociales para ayudar a una familia que hoy tiene dificultades para pagar su alquiler o su hipoteca”, ha indicado.