La cantante colombiana Shakira ha logrado una importante victoria judicial frente a la Agencia Tributaria española. La Audiencia Nacional ha fallado a su favor en el litigio relacionado con el ejercicio fiscal de 2011 y obliga a Hacienda a devolverle más de 60 millones de euros entre liquidaciones, sanciones e intereses.
Según la resolución judicial, el tribunal considera que no quedó acreditado que la artista tuviera residencia fiscal en España durante aquel año, requisito indispensable para exigirle tributar en el país. La sentencia concluye que Shakira no permaneció más de 183 días en territorio español en 2011 y que su actividad económica principal se desarrollaba fuera de España, coincidiendo con una extensa gira internacional.
Tras conocerse el fallo, la artista emitió un duro comunicado contra la actuación de la Agencia Tributaria. “Nunca hubo fraude y aun así durante casi una década se me ha tratado como culpable”, afirmó la cantante, que también denunció haber sido utilizada “para enviar un mensaje amenazante” a otros contribuyentes.
La decisión judicial anula las resoluciones que obligaron a la intérprete de Hips Don’t Lie a pagar cerca de 55 millones de euros por IRPF, impuesto sobre el patrimonio y sanciones vinculadas al ejercicio de 2011. Con los intereses acumulados y las costas del procedimiento, la cantidad que Hacienda deberá devolver supera los 60 millones de euros.
No obstante, esta victoria judicial no modifica el acuerdo alcanzado por Shakira en 2023 con la Fiscalía española por otro procedimiento distinto, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2012, 2013 y 2014. En aquel caso, la cantante aceptó una condena de tres años de prisión —sustituida por una multa económica— y el pago de 7,3 millones de euros para evitar el ingreso en prisión.
El conflicto con Hacienda se convirtió durante años en uno de los procesos fiscales más mediáticos de España, con gran repercusión internacional. La defensa de la artista sostuvo desde el inicio que su residencia oficial estaba entonces en Bahamas y que no existían pruebas suficientes para considerarla residente fiscal española.
La sentencia de la Audiencia Nacional todavía no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo por la Agencia Tributaria.