La plataforma Derecho al Techo ha reclamado al Gobierno de Canarias que aplique la Ley estatal de Vivienda y ha advertido de que el denominado ‘decreto Maricarmen’ sobre los alquileres «no servirá de nada en Canarias si Clavijo no aplica la Ley de Vivienda», vigente desde hace tres años.

El colectivo ha hecho esta reivindicación durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en la plaza de La Feria, donde mantiene una acampada ante la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias con 28 casetas y alrededor de medio centenar de participantes.

Los representantes de la plataforma Sonia Olivares, Javier Marrero y Sandra Navarro han anunciado además nuevas movilizaciones. En Las Palmas de Gran Canaria está prevista una manifestación el próximo sábado, con salida desde el barrio de Schamann, mientras que este miércoles se celebra otra protesta en Santa Cruz de Tenerife.

La plataforma ha defendido que la movilización continuará independientemente de la decisión que adopte el Congreso este viernes sobre las medidas de vivienda del Gobierno. Derecho al Techo considera que la situación habitacional en Canarias requiere actuaciones adicionales y reclama al Ejecutivo autonómico, formado por CC y PP, que «deje de echar balones fuera y aplique de una vez» la normativa estatal.

Olivares ha sostenido que la Ley de Vivienda dispone de instrumentos para intervenir sobre el mercado, entre ellos la declaración de zonas tensionadas y la aplicación de límites a los alquileres. A su juicio, la eventual aprobación del denominado decreto Maricarmen reforzaría esas herramientas.

Javier Marrero ha afirmado que «ya no hay excusas» para declarar zonas tensionadas en Canarias, una medida que reclaman también varios ayuntamientos, entre ellos el de Las Palmas de Gran Canaria. Según el colectivo, la ausencia de estas declaraciones ha impedido acceder a 90 millones de euros de un fondo estatal destinado a territorios que cuenten con zonas de este tipo.

La plataforma sostiene que esos recursos podrían contribuir también a recuperar para uso residencial viviendas que actualmente están destinadas al alquiler turístico. Marrero ha reclamado a Fernando Clavijo que «deje de decir que la solución depende de Madrid» y ha defendido que la emergencia habitacional en las islas es anterior a las actuales medidas estatales.

El portavoz ha vinculado además la situación de la vivienda con el modelo económico de Canarias, al considerar que el inmueble se ha convertido en «un activo financiero» en un territorio sometido a un proceso de turistificación que, según su análisis, está expulsando a residentes de sus barrios.

Derecho al Techo ha reclamado asimismo al Ejecutivo autonómico explicaciones sobre el modelo de vivienda pública que está desarrollando y ha pedido transparencia sobre los intereses que, a su juicio, intervienen en esa política. En este contexto, Marrero ha cuestionado la procedencia del actual director gerente de Visocan, Javier Terán, al señalar su anterior vinculación con Aliceda, inmobiliaria participada mayoritariamente por el fondo Blackstone.

El colectivo ha señalado que mantendrá sus reivindicaciones para que se declaren zonas tensionadas, se regulen los alquileres, se recuperen viviendas para uso residencial y se active un plan de emergencia habitacional.

La protesta ha recibido apoyo de vecinos del barrio de Arenales, que han proporcionado a los participantes mobiliario y alimentos durante la primera noche de acampada. Los organizadores han establecido normas de funcionamiento y un programa de actividades, que incluye este jueves una clase de Trabajo Social impartida por profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Sandra Navarro ha señalado que las movilizaciones actuales presentan diferencias respecto a las protestas surgidas tras la crisis hipotecaria de 2008 y el 15M. «Es intergeneracional porque el problema no son solamente las hipotecas, es el alquiler», ha afirmado.

«No podemos acceder a una vivienda, no podemos independizarnos porque el alquiler en las islas está por las nubes», ha añadido, antes de llamar a participar en las movilizaciones a personas de todas las edades.

La acampada tiene conocimiento, según sus organizadores, de más de una decena de desahucios previstos próximamente. Para este jueves a las 20.00 horas ha convocado una cacerolada, coincidiendo con sus críticas al contenido del decreto ya en vigor, que, según la plataforma, contempla ayudas compensatorias para propietarios afectados por impagos pero no establece límites a las rentas.

Los participantes celebrarán una nueva asamblea el 8 de octubre para plantear nuevas iniciativas y mantener la movilización en torno al acceso a la vivienda.