La respuesta a la reciente presión migratoria en la frontera sur española ha evidenciado una profunda fractura en el Parlamento Europeo. Durante el debate sobre el Estado de la Unión celebrado en Estrasburgo, las distintas formaciones políticas chocaron frontalmente sobre cómo gestionar la instrumentalización de los migrantes, a pesar de compartir el consenso de que la ciudad autónoma es territorio innegablemente comunitario.

El cruce de reproches estuvo capitalizado por las delegaciones españolas. Desde las filas socialistas, Iratxe García lamentó que la crisis se instrumentalice como un «ataque partidista» hacia el Ejecutivo central, acusando a la derecha de bloquear una resolución unitaria. Para la líder del S&D, la garantía extraída de la sesión es que la Comisión «va a estar del lado del Gobierno de España para resolver esta situación y para poderlo hacer en el marco de la implementación del Pacto Europeo Migratorio». En la orilla opuesta, Dolors Montserrat (PP) recriminó a la bancada progresista estar «más del lado de (el presidente del Gobierno español, (Pedro Sánchez), que de los ceutíes», aplaudiendo la intervención comunitaria ante lo que percibe como una desprotección fronteriza por parte de Madrid.

La visión fue aún más dura desde los grupos a la derecha del PP, que rechazan aplicar las normativas ordinarias. Jorge Buxadé (Vox) tildó de inútil abordar el conflicto bajo la legislación actual: «A mí, que Ursula von der Leyen diga que Ceuta y Melilla son España, pero que la solución pasa por aplicar el Pacto de Asilo y Migración, pone de manifiesto que no ha entendido nada». Tras catalogar los sucesos como la acción de «un enemigo», exigió invocar cláusulas de seguridad nacional. En sintonía, el francés Jordan Bardella (Patriots por Europa) advirtió que «cuando una frontera puede verse desbordada en unas pocas horas, ya no se trata solo de una crisis migratoria, sino de una crisis de soberanía», sentenciando que «Una Europa que ya no tiene límites, ni muros, ni fronteras está abocada a desaparecer».

Todo este vendaval político reaccionaba al discurso inicial de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien había querido blindar a España frente a los movimientos masivos que «se orquestan y se utilizan como arma». Denunciando que los «traficantes y nuestros adversarios» explotan la vulnerabilidad humana, fue contundente ante el hemiciclo: «Todas nuestras fronteras exteriores son fronteras europeas. Por ello, quiero dirigirme directamente al pueblo español: La frontera de Ceuta es una frontera europea. Porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará a vuestro lado».

Para materializar este escudo, Von der Leyen admitió que «los eventos de este verano» exigen que los mecanismos comunitarios «deben evolucionar, especialmente en situaciones de emergencia». En consecuencia, adelantó la creación de un nuevo protocolo de actuación: «Propondremos un nuevo Marco Europeo de Respuesta de Emergencia. Sólo se activará bajo criterios definidos de manera estricta. En esos casos, permitirá una flexibilidad estrictamente definida y limitada en el tiempo de los procedimientos habituales». Subrayando que «Europa necesita los medios necesarios para proteger sus fronteras en todo momento», garantizó fondos para reforzar Frontex y fomentar el empleo en los países de origen «para que no se vean obligados a arriesgar su vida». Remató su intervención con una advertencia clara: «Somos nosotros, los europeos, quienes decidimos quién entra en nuestra Unión y en qué circunstancias. Y no los contrabandistas ni los traficantes».