La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber incorporado a su legislación una directiva comunitaria que permite eximir del IVA a autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual de hasta 85.000 euros.
La normativa europea, que forma parte de la reforma del régimen del IVA para pequeñas empresas, debía haber sido transpuesta por los Estados miembros antes de finales de 2024. Sin embargo, España continúa sin adaptar plenamente su legislación, lo que ha motivado la apertura de un procedimiento judicial por parte de Bruselas.
El nuevo sistema permitiría a miles de pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia quedar exentos de repercutir IVA y de presentar determinadas obligaciones fiscales periódicas, reduciendo así la carga administrativa.