La gestión de fondos públicos en Canarias vuelve a quedar en entredicho. Un informe reciente sitúa a una de cada tres entidades privadas financiadas con dinero público en el suspenso en materia de transparencia, evidenciando fallos en la rendición de cuentas y en la obligación de informar a la ciudadanía.

El análisis identifica hasta 402 incumplidores, entre los que figuran ONG sociales, sindicatos como Intersindical y formaciones políticas, lo que extiende el problema a múltiples ámbitos. Las principales deficiencias se centran en la falta de publicación de subvenciones recibidas, contratos, memorias económicas o datos básicos de actividad.

Este escenario reabre el debate sobre el control del dinero público en el Archipiélago y la eficacia de los mecanismos de fiscalización. La opacidad, advierten expertos, no solo dificulta el seguimiento del gasto, sino que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y en las entidades que operan con recursos de todos.