Canarias dispone de una singularidad política que la diferencia de buena parte de las comunidades autónomas españolas. El vigente Estatuto de Autonomía permite al presidente del Gobierno canario adelantar las elecciones autonómicas y, en caso de hacerlo, la nueva Cámara no agotaría únicamente el tiempo pendiente de la legislatura original, sino que iniciaría un mandato completo de cuatro años.

La clave se encuentra en la reforma estatutaria aprobada en 2018. El artículo 38.3 establece que la duración del mandato de los diputados del Parlamento de Canarias será de cuatro años, mientras que el artículo 56 reconoce al presidente la facultad de disolver anticipadamente la Cámara y convocar nuevos comicios.

La consecuencia práctica es relevante. Si un presidente decidiera acudir a las urnas antes de tiempo, los parlamentarios elegidos comenzarían una nueva legislatura íntegra, con un horizonte de cuatro años por delante. Es decir, el contador político volvería a cero desde la fecha de la nueva convocatoria electoral.

Este mecanismo rompe con el modelo de “legislatura corta” que existe o ha existido en otros sistemas parlamentarios, donde unas elecciones anticipadas únicamente sirven para completar el tiempo restante del mandato original.

Además, una decisión de este tipo tendría otra derivada política de gran alcance: Canarias dejaría de coincidir con el calendario electoral autonómico que comparten la mayoría de comunidades españolas. A partir de ese momento, el Archipiélago fijaría sus propias fechas electorales y desarrollaría un ciclo político independiente del resto del país.

Por ello, cualquier hipotético adelanto electoral no supondría únicamente una estrategia coyuntural para resolver una crisis política o reforzar una mayoría parlamentaria, sino una decisión con efectos institucionales capaces de marcar el rumbo político de Canarias durante toda una década electoral.