La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un nuevo informe a la Audiencia Nacional en el que atribuye al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, la autorización de varios desplazamientos realizados por la exmilitante socialista Leire Díez y sufragados por la estructura del partido entre abril y agosto de 2024.

Según la documentación incorporada a la investigación, los agentes sostienen que Cerdán «habría ordenado verbalmente que cualquier viaje solicitado» por Díez «se tuviese por autorizado». La conclusión se basa en la documentación intervenida durante el registro practicado el pasado 27 de mayo en la sede socialista y en el análisis de facturas y comunicaciones internas del partido.

El informe, al que ha tenido acceso EFE, se enmarca en la causa que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre una presunta trama destinada a influir o interferir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. En esa investigación, la UCO sitúa a Cerdán en un «papel directivo» y atribuye a Leire Díez una «labor de dirección ejecutiva».

Entre los elementos analizados figuran seis desplazamientos abonados por el partido a la exmilitante socialista. El primero de ellos tuvo lugar el 26 de abril de 2024, coincidiendo con el periodo de reflexión anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con una reunión celebrada ese mismo día entre Díez y Cerdán en la sede federal de Ferraz.

A ese viaje le siguieron otros trayectos realizados entre julio y agosto, incluyendo desplazamientos entre Madrid, Zaragoza, Bilbao, Santander, Jerez de la Frontera y la capital de España. La UCO destaca especialmente el vuelo efectuado el 26 de agosto desde Santander a Madrid, ya que, según la investigación, ese día Leire Díez mantuvo un encuentro con el excomisario José Manuel Villarejo.

Los investigadores recuerdan que otros informes ya apuntaban a que durante esa reunión la exmilitante habría tratado de explorar un posible acuerdo con la Fiscalía a cambio de obtener información relacionada con el magistrado Manuel Marchena. Asimismo, habría planteado la posibilidad de que el abogado de Villarejo mantuviera contactos con quien entonces era fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La Guardia Civil sostiene además que Díez gestionaba directamente sus desplazamientos con personal de la Secretaría de Organización del PSOE y que sus solicitudes no requerían validaciones adicionales. Como prueba, el informe incorpora un correo electrónico interno en el que una trabajadora del partido hace referencia a una «orden» directa del secretario de Organización para tramitar uno de esos viajes.

La documentación analizada también examina diversos contratos y pagos realizados por el PSOE a profesionales vinculados a la causa. Entre ellos figura el abogado Jacobo Teijelo, defensor de Santos Cerdán, a quien el partido habría abonado 125.000 euros por servicios jurídicos relacionados presuntamente con asuntos vinculados al sector de los hidrocarburos.

La UCO considera que la contratación de Teijelo fue promovida por Cerdán, quien además «habría asumido la supervisión y control» de esos servicios. Los agentes señalan igualmente la existencia de otras dos facturas emitidas por el letrado por valor conjunto de 53.000 euros cuya documentación no consta entre los archivos entregados por el PSOE.

Otra de las líneas de investigación se centra en posibles pagos indirectos a Leire Díez. Los agentes analizan facturas emitidas por la sociedad Zaño, vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías, por un importe total de 30.000 euros entre agosto y noviembre de 2024. Según la UCO, existe una «proximidad temporal» entre esos pagos del PSOE y las nóminas percibidas por Díez a través de la citada empresa.

La investigación también recoge mensajes intercambiados por la exmilitante con otro de los investigados en los que alude a «lo que me quiere pagar Santos» y añade: «No se si me gusta que lo haga a través del despacho de Gaspar».

Asimismo, el informe examina la relación contractual entre el PSOE y el despacho del abogado Ismael Oliver. Los agentes destacan una factura de 22.500 euros emitida al partido en enero de 2025 y otra posterior, por la misma cantidad, girada por Leire Díez a una sociedad vinculada a ese letrado bajo el concepto de «elaboración de informes».