La Gaceta aplica a Canarias y al resto de comunidades autónomas la misma regla utilizada para analizar la etapa de Pedro Sánchez: solo cuenta lo que ha llegado a estar terminado. No entran anuncios, suelo disponible, proyectos, licitaciones ni viviendas que continúan en construcción. La serie homogénea del Ministerio registra cero viviendas protegidas terminadas por promotor público en Canarias entre 2018 y 2023; el nuevo visor autonómico contabiliza otras 248 finalizadas desde enero de 2024 hasta junio de 2026.

Canarias tenía 19.413 viviendas en el parque de titularidad de la Comunidad Autónoma y sus entes dependientes en la última fotografía homogénea publicada por el Ministerio de Vivienda, correspondiente a 2023.

Ese es el parque que existe y no debe confundirse con las viviendas construidas durante los últimos años.

Para conocer lo realizado hay que acudir a otra estadística: las calificaciones definitivas de vivienda protegida según el tipo de promotor. La calificación definitiva permite contabilizar una vivienda cuando ha llegado al final del proceso. Una vivienda anunciada, proyectada, licitada o que únicamente haya comenzado las obras no entra en este informe hasta estar terminada.

Con esa vara de medir, la estadística estatal ofrece un dato contundente para Canarias: cero viviendas de promotor público terminadas en 2018, cero en 2019, cero en 2020, cero en 2021, cero en 2022 y cero en 2023.

Son seis ejercicios consecutivos sin ninguna calificación definitiva atribuida a promotor público en la serie homogénea del Ministerio.

El periodo atraviesa además gobiernos de distinto signo. Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, presidía el Ejecutivo al comienzo de 2018 y hasta julio de 2019; Ángel Víctor Torres, del PSOE, gobernó entre julio de 2019 y julio de 2023; y Fernando Clavijo regresó a la Presidencia en julio de 2023.

Por tanto, el dato no pertenece exclusivamente a una sola formación política: atraviesa CC, PSOE y nuevamente CC. 248 terminadas desde 2024

A partir de 2024 existe ya una nueva fotografía ofrecida por el propio Gobierno de Canarias a través del visor del Observatorio Canario de la Vivienda.

La herramienta presentada en junio de 2026 registra 4.033 viviendas públicas impulsadas desde el inicio de la actual legislatura. De ellas, 1.966 permanecían en construcción y 1.819 estaban todavía planificadas.

La diferencia son 248 viviendas finalizadas desde el 1 de enero de 2024.

Y aquí La Gaceta vuelve a aplicar exactamente la misma regla: las 1.966 en construcción no se contabilizan como viviendas hechas y tampoco las 1.819 planificadas. Podrán incorporarse al balance cuando estén acabadas. Hasta entonces pertenecen a la cartera de actuaciones futuras.

Tampoco sería metodológicamente correcto sumar sin más las 248 del visor autonómico a la serie histórica del Ministerio como si procedieran de una misma base de datos: son estadísticas diferentes. Pero ambas permiten distinguir con claridad entre lo que está terminado y lo que todavía se pretende construir.

La fotografía es, por tanto, sencilla: Canarias partía de un parque público acumulado durante décadas que el último censo homogéneo situaba en 19.413 viviendas; la estadística estatal no registra ninguna vivienda protegida terminada por promotor público durante los seis ejercicios comprendidos entre 2018 y 2023; y el Ejecutivo autonómico contabiliza 248 viviendas públicas finalizadas desde enero de 2024 en su nuevo visor.

Las 17 comunidades: la misma vara de medir para todas

Para comparar las comunidades autónomas no se pueden utilizar anuncios de unos territorios y viviendas terminadas de otros.

La última serie estatal homogénea que permite separar, comunidad por comunidad, las viviendas protegidas terminadas según sean de promotor público o privado alcanza hasta 2023. Por eso el cuadro comparativo utiliza exactamente el mismo periodo 2018-2023 para las 17 autonomías.

No se añaden 2024 y 2025 a unas comunidades sí y a otras no. Cuando exista una actualización homogénea con idéntica clasificación podrá prolongarse la serie sin alterar el criterio.

*En Baleares la tabla ministerial no ofrece dato de 2023 por tipo de promotor, por lo que las 174 corresponden únicamente a los ejercicios disponibles de 2018 a 2022.

El cuadro permite comprobar que disponer de un parque público grande no significa necesariamente estar construyendo actualmente muchas viviendas públicas.

Andalucía aparece con 73.064 viviendas en el parque autonómico y 725 promociones públicas terminadas durante los años comparables. Madrid contabiliza 29.620 viviendas públicas y suma 2.624 terminadas por promotor público. País Vasco dispone de 39.406 y registra 2.605. Cataluña alcanza 18.280 viviendas en su parque y contabiliza 2.630 terminadas por promotor público.

Canarias presenta una situación distinta: 19.413 viviendas acumuladas en su parque autonómico pero cero calificaciones definitivas de promotor público entre 2018 y 2023.

También aparecen con cero Cantabria, Murcia y La Rioja en ese mismo periodo. Comunidad Valenciana registra cuatro; Castilla-La Mancha, 28; Aragón, 32; Asturias, 52; Galicia, 88; y Castilla y León, 89.

No se trata de establecer qué partido “gana” la comparación. Los ejercicios atraviesan elecciones, cambios de gobierno, proyectos iniciados por un Ejecutivo y terminados por otro y promociones financiadas conjuntamente por distintas administraciones. El cuadro identifica quién gobernaba para aportar contexto, no para atribuir automáticamente cada vivienda a un partido.

Vivienda: el Estado financia, pero Canarias tiene la competencia exclusiva

La comparación con el balance realizado sobre el Gobierno de Pedro Sánchez tiene una segunda lectura fundamental.

La política de vivienda no depende exclusivamente del Gobierno de España.

El Estatuto de Autonomía de Canarias establece expresamente que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda, incluyendo su ordenación, planificación, gestión, fomento y promoción pública de vivienda.

Los ayuntamientos también poseen competencias propias en urbanismo y en promoción y gestión de vivienda de protección pública. La legislación canaria les atribuye además la promoción y gestión de viviendas y la administración de sus propios parques municipales.

El Estado interviene mediante planes estatales, legislación básica, financiación, fondos europeos, ayudas y convenios con las administraciones territoriales. En numerosas promociones el dinero procede de varias administraciones al mismo tiempo.

Por eso tampoco sería correcto atribuir automáticamente al Gobierno de Pedro Sánchez toda vivienda pública que se termina en España, del mismo modo que tampoco puede descargarse sobre el Estado toda la responsabilidad por las que no se construyen.

Las comunidades autónomas tienen un papel directo y, en Canarias, la propia norma estatutaria habla expresamente de competencia exclusiva y promoción pública de vivienda.

Ni “proyectadas” ni “en marcha”: aquí solo cuentan cuando están terminadas

El criterio de este informe es deliberadamente restrictivo.

Una vivienda anunciada no es una vivienda construida.

Una vivienda con financiación aprobada no es una vivienda construida.

Una vivienda licitada no es una vivienda construida.

Una vivienda que ha comenzado las obras todavía no es una vivienda terminada.

Y una vivienda incluida en un plan para los próximos años tampoco puede sumarse al parque como si estuviera disponible para una familia.

Por eso las 1.966 viviendas que el Gobierno de Canarias tenía en ejecución en junio de 2026 quedan fuera del número de viviendas finalizadas. Lo mismo sucede con las 1.819 planificadas.

El día que estén acabadas pasarán a formar parte del balance.

Hasta entonces, este informe cuenta lo que existe y lo que se ha terminado, no lo que una Administración dice que hará mañana.