El Gobierno de Pedro Sánchez afronta una de las semanas de mayor carga política del curso, marcada por la esperada sentencia que afecta a su hermano David Sánchez y por el intento de Moncloa de recuperar la iniciativa con un anuncio clave: trabajar para presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado después del verano.

El Ejecutivo quiere trasladar un mensaje de normalidad y continuidad de legislatura en medio de un escenario político complicado. La hoja de ruta pasa por activar la maquinaria presupuestaria, avanzar con el techo de gasto, la senda de estabilidad y preparar unas cuentas que deberían llegar al Congreso en otoño.

Pero la apuesta llega con una gran incógnita: Sánchez todavía no tiene garantizado el apoyo de los socios parlamentarios que necesita para aprobarlas. La misma mayoría que permitió su investidura vuelve a convertirse en el gran examen de una legislatura donde cada votación se negocia hasta el último momento.

La presentación de los Presupuestos se interpreta como un órdago político del presidente: forzar el debate, recuperar el control de la agenda y comprobar hasta dónde están dispuestos a llegar sus aliados.

Todo ello en una semana donde el calendario judicial y el político vuelven a cruzarse. Mientras la atención estará puesta en la resolución sobre su hermano, Moncloa intenta situar el foco en la gestión y en unas cuentas públicas que pueden marcar si la legislatura toma aire o entra en una nueva fase de incertidumbre.