CCOO Canarias ha criticado al Ejecutivo autonómico por, a su juicio, centrar el debate en el absentismo laboral mientras deja en un segundo plano problemas como la precariedad, los bajos salarios, la economía sumergida o las horas extraordinarias no pagadas. La secretaria general del sindicato en las islas, Vanessa Frahija Betancort, trasladó estas críticas durante su intervención en la comisión parlamentaria de Derechos Sociales del Parlamento de Canarias.

La dirigente sindical afirmó que Canarias vive una realidad marcada por una «doble velocidad», con cifras económicas positivas que no se reflejan, según su análisis, en una mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población. En este sentido, aseguró que el crecimiento económico no está acompañado de una distribución equilibrada de la riqueza.

Frahija Betancort señaló que el archipiélago continúa entre las comunidades con salarios más bajos del país y destacó que, según los datos expuestos por CCOO, el 20,79 % de la población ocupada se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. También apuntó que más de la mitad de la ciudadanía tiene dificultades para llegar a final de mes y que la pobreza infantil afecta a más de 90.000 menores en Canarias.

La secretaria general de CCOO Canarias reclamó que el aumento de la recaudación tributaria registrado entre 2019 y 2025, impulsado en parte por la inflación, se destine a reforzar los servicios públicos y compensar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, en lugar de aplicarse mediante medidas que calificó de «cosméticas» y temporales.

Uno de los principales puntos de su intervención fue el absentismo laboral. Frahija Betancort rechazó que se incluyan en este concepto las bajas médicas, los permisos de maternidad y paternidad o los accidentes laborales, al tratarse de derechos reconocidos. Además, aseguró que las ausencias injustificadas al puesto de trabajo «no llega al 1 %» en Canarias.

En este contexto, acusó al Gobierno autonómico de «comprar el relato a la patronal» y de criminalizar a los trabajadores, mientras no aborda otros factores que, según el sindicato, afectan al mercado laboral, como el fraude asociado a la economía sumergida, las más de 32.000 horas extraordinarias semanales que CCOO sostiene que no se pagan ni cotizan, o la derivación de pacientes desde las mutuas al Servicio Canario de la Salud.

Durante la comisión también se abordaron otras problemáticas sociales, como la dificultad de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, la situación de los estudiantes de las islas no capitalinas y el impacto de la vivienda vacacional sobre el mercado residencial. El sindicato reclamó una redistribución más justa de la riqueza generada en Canarias.

Los grupos parlamentarios mostraron posiciones diferentes sobre el diagnóstico planteado. Elena Máñez, del PSOE, coincidió con CCOO en que el debate no debe centrarse únicamente en el absentismo y reclamó medidas para mejorar las condiciones de vida y facilitar el acceso a la vivienda.

Desde Coalición Canaria, Cristina Calero defendió las actuaciones del Gobierno autonómico en materia de vivienda y diversificación económica, aunque reconoció que las medidas adoptadas todavía resultan insuficientes. Por su parte, María Isabel Saavedra, del Partido Popular, compartió la preocupación por la desigualdad y las dificultades de los jóvenes, y destacó las políticas de formación profesional impulsadas por el Ejecutivo.

Yone Caraballo, de Nueva Canarias, relacionó la situación de pobreza con el modelo turístico desarrollado en las últimas décadas y pidió revisar el crecimiento del sector para evitar una mayor presión sobre la vivienda y los servicios públicos. Paula Jover, de Vox, rechazó responsabilizar a la patronal y atribuyó los problemas laborales y habitacionales a una combinación de decisiones políticas, burocracia y normativa laboral. Melodie Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera, incidió en que el crecimiento económico debe ir acompañado de empleo de calidad que permita a la ciudadanía desarrollar un proyecto de vida digno.