El Parlamento de Canarias aprobó este miércoles la nueva ley de agilización de licencias urbanísticas, una norma con la que el Gobierno autonómico pretende reducir los plazos para la concesión de permisos de construcción y facilitar el desarrollo de vivienda en las Islas. El texto recibió el respaldo de Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Herreña Independiente (AHI) y Agrupación Socialista Gomera (ASG), mientras que PSOE y Nueva Canarias-Bloque Canarista votaron en contra y Vox optó por la abstención.
La ley permitirá que entidades urbanísticas acreditadas y colegios profesionales puedan emitir informes técnicos con validez jurídica, una medida con la que se busca descargar de trabajo a los ayuntamientos y acelerar la concesión de licencias para construir viviendas y desarrollar proyectos urbanísticos.
El debate parlamentario, sin embargo, estuvo marcado por la regulación de la vivienda vacacional. Coalición Canaria presentó un voto particular que eliminó la consideración de esta actividad como “inocua”, deshaciendo la enmienda aprobada previamente en comisión con el apoyo de ASG y los grupos de la oposición. El cambio permitió cerrar filas dentro del Ejecutivo y rebajar la tensión política surgida durante las últimas semanas entre los socios de gobierno.
Durante la sesión, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, admitió que no existen “varitas mágicas” para resolver la crisis de la vivienda, aunque defendió que el Ejecutivo seguirá impulsando medidas para aumentar la oferta residencial. Además, anunció que en septiembre el Gobierno promoverá una regulación homogénea sobre las actividades clasificadas para ofrecer mayor seguridad jurídica a los municipios y dar respuesta a las particularidades de las islas verdes.
Desde la oposición, PSOE y Nueva Canarias criticaron que la norma se haya convertido en una “ley ómnibus” al incorporar modificaciones ajenas al objeto inicial del proyecto y acusaron al Gobierno de favorecer intereses privados sin afrontar el problema estructural del acceso a la vivienda. Por su parte, el PP defendió que la ley elimina trabas administrativas y permitirá construir más viviendas en menos tiempo.