La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha llevado ante los tribunales el nombramiento de Carmen Gloria Rodríguez como jefa de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, efectuado en 2017 durante la presidencia de Luis Ibarra. El Ministerio Público aprecia indicios de un posible delito de prevaricación administrativa y ha remitido una denuncia al Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria.
La actuación de la Fiscalía parte de una denuncia presentada por un representante de CSIF y pone el foco en la forma en la que se cubrió una de las jefaturas más relevantes del Puerto de La Luz y de Las Palmas. Rodríguez era entonces trabajadora fija de la institución y contaba con formación y experiencia dentro del organismo, pero la Fiscalía cuestiona que su designación definitiva se realizara sin un proceso abierto de selección.
La vacante se produjo después de la jubilación parcial del anterior responsable del departamento. En enero de 2017 se recurrió inicialmente a una movilidad funcional para que Rodríguez asumiera las funciones y, meses después, el 28 de julio, Ibarra firmó su nombramiento definitivo, con efectos desde el 1 de agosto.
El punto central de la investigación reside en que, según el decreto fiscal, la plaza debía haberse cubierto mediante un procedimiento que garantizara los principios de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia. La Fiscalía sostiene además que existía un informe previo de la Abogacía del Estado sobre la necesidad de aplicar mecanismos selectivos a determinadas plazas del organismo.
El Ministerio Público solicita que declaren como investigados Luis Ibarra, el entonces director del organismo, Salvador Capella, y la propia Carmen Gloria Rodríguez. Será el juzgado el que determine ahora el recorrido del procedimiento y si los hechos tienen finalmente relevancia penal.
Ibarra ha rechazado haber actuado conscientemente al margen de la legalidad. En su declaración ante la Fiscalía sostuvo que ni la Asesoría Jurídica, ni la Intervención ni otras instancias le advirtieron en aquel momento de que el nombramiento exigiera un concurso interno. Rodríguez también ha defendido la legalidad de su designación y ha señalado que ese sistema