El incidente registrado en la depuradora comarcal de Punta Brava, en Puerto de la Cruz, ya ha entrado en vía judicial. El Cabildo de Tenerife ha decidido llevar el caso ante la Justicia y ha abierto, además, un expediente de investigación a Aqualia, empresa responsable de la gestión de la instalación, para esclarecer qué ocurrió y determinar las posibles responsabilidades.

El episodio se produjo tras la rotura de una conducción que provocó el derrame de hasta 1.000 litros de una disolución con cloruro férrico. La investigación deberá aclarar ahora cómo se produjo la avería, si existieron fallos en los protocolos de seguridad o mantenimiento y, especialmente, si parte del producto pudo alcanzar la red de pluviales o incluso el mar.

Aqualia también ha presentado denuncia y sostiene que existen indicios que podrían apuntar a una rotura intencionada. La empresa ha puesto sobre la mesa la presencia de una persona ajena a la instalación y defiende que las condiciones de la tubería no explicarían por sí solas lo sucedido.

El caso abre así una doble vía, administrativa y judicial, con el Cabildo reclamando explicaciones y responsabilidades por un incidente que vuelve a poner el foco sobre la seguridad y el control de una infraestructura clave para el norte de Tenerife.