El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, presidido por Carolina Darias, suma un nuevo frente en una gestión municipal que acumula asuntos controvertidos. Esta vez el problema está en las cuentas y ha terminado en los juzgados: Eulen y FCC han emprendido procedimientos judiciales contra el Consistorio por impagos y por la falta de respuesta administrativa a sus reclamaciones.

El caso de FCC resulta especialmente llamativo por los plazos. Las facturas que reclamaba la compañía terminaron siendo abonadas el pasado mes de marzo, pero después de seis años de retraso. El pago del principal no ha cerrado completamente el conflicto, ya que todavía queda por determinar la cuantía correspondiente a los intereses generados durante todo ese periodo.

Eulen también ha decidido acudir a la vía judicial ante la ausencia de respuesta municipal a sus solicitudes de pago, colocando nuevamente bajo el foco el funcionamiento económico y administrativo de la Corporación capitalina.

El problema trasciende así una simple disputa entre empresas y Ayuntamiento. Cuando las facturas se retrasan durante años, las consecuencias pueden acabar repercutiendo directamente sobre las arcas municipales mediante intereses de demora y costes derivados de los procedimientos judiciales.

Para el gobierno de Carolina Darias supone otro asunto incómodo que añadir a la agenda municipal. La capital grancanaria se enfrenta ahora a la imagen de dos grandes compañías recurriendo a los tribunales para reclamar al Ayuntamiento el cumplimiento de sus obligaciones económicas.

La cuestión que queda abierta es cuánto terminarán costando estos retrasos a las arcas públicas. Porque las facturas finalmente pueden pagarse, pero seis años de demora también tienen un precio.