El Cabildo abre la puerta a un bono psicológico para jóvenes con dificultades para pagar terapia

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El Cabildo de Tenerife ha dado un primer paso para crear un Bono Insular de Atención Psicológica destinado a jóvenes residentes en la isla que necesiten apoyo profesional y encuentren dificultades económicas para acceder a él. La propuesta, impulsada por el Grupo Socialista, recibió el respaldo de todos los grupos políticos y adquiere carácter institucional.

La iniciativa pretende facilitar una atención temprana antes de que los problemas emocionales deriven en situaciones de mayor gravedad. La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, defendió que existen jóvenes conscientes de que necesitan ayuda pero que no pueden asumir económicamente una terapia o desconocen dónde acudir.

El bono se plantea como un recurso complementario al sistema sanitario público y deberá coordinarse con Atención Primaria, Salud Mental, Educación y los servicios sociales. La intención es que, cuando un profesional detecte una situación de riesgo, exista además una vía rápida para activar los recursos sanitarios correspondientes.

La propuesta no establece inicialmente un número idéntico de sesiones para todos los beneficiarios. Será el criterio profesional el que determine la duración del apoyo psicológico en función de las necesidades de cada joven. También se pretende garantizar su llegada a los distintos municipios de Tenerife y priorizar a quienes tengan mayores dificultades de acceso.

La moción se apoya en datos del Informe epidemiológico sobre la conducta suicida en Canarias 2007-2024 del Servicio Canario de la Salud. Según el documento citado por el PSOE, Tenerife registró 96 suicidios en 2024 y 457 entre 2020 y 2024. Además, el 13,3% de la población canaria de entre 16 y 29 años ha tenido ideación suicida en algún momento de su vida.

El acuerdo no supone todavía la puesta en marcha inmediata del bono. El Cabildo deberá realizar previamente un estudio técnico para determinar su viabilidad, el coste, el sistema de acceso, la disponibilidad de profesionales y su distribución territorial. Una vez implantado, el programa deberá ser evaluado y se presentará al Pleno un informe después de su primer año de funcionamiento.

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