El Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha reclamado al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Granadilla de Abona que intervengan para evitar el lanzamiento previsto este viernes de una mujer de 54 años que, según el colectivo, padece un cáncer terminal y carece de ingresos laborales.

El desahucio está fijado a las 10.00 horas en una vivienda de la calle José Ventura, en Granadilla de Abona, y se tramita ante el Tribunal de Instancia del municipio por impago de rentas. El sindicato solicita a las administraciones que garanticen una alternativa habitacional adecuada para la afectada antes de que se produzca el lanzamiento.

La mujer, según explica la organización, tiene reconocida una dependencia de grado 2 y percibe únicamente ayudas públicas, al no disponer de nómina ni contrato de trabajo. Además, recibe diariamente el apoyo y los cuidados de un joven que se ocupa de ella.

A esta situación se suma, según el sindicato, que la afectada padece un cáncer terminal con afectación cerebral y metástasis en los pulmones y los ovarios, por el que está recibiendo actualmente tratamiento de quimioterapia.

La organización sostiene que sus circunstancias económicas y personales le dificultan acceder a una nueva vivienda. Según ha trasladado al sindicato, incluso para alquilar una habitación se le exige acreditar ingresos procedentes de un empleo, algo que no puede cumplir.

“Dejé de pagar después de la pandemia porque no me alcanzaba el dinero, tuve que dejar de pagar, porque me entraron a robar y se llevaron todo lo que tenía de valor, el dueño se desentendió y no me quiso ayudar”, relata la afectada.

Una trabajadora social ya ha enviado al juzgado un escrito en el que solicita que se concedan unos días adicionales, aunque el Sindicato de Inquilinas considera que esta medida no resuelve la situación. “Las administraciones deben actuar de inmediato para garantizar que esta vecina no quede en la calle”, sostiene.

El colectivo considera que el caso refleja, a su juicio, la situación de vulnerabilidad que afrontan personas con dificultades para acceder o mantener una vivienda. En este sentido, recuerda que los colectivos por la vivienda de Canarias, respaldados por más de 70 organizaciones, han registrado un Plan de Emergencia Habitacional que incluye 13 medidas.

Entre las propuestas figuran suspender los desahucios cuando no exista una alternativa habitacional garantizada, eliminar criterios que consideran excluyentes para acceder a vivienda pública y reforzar y blindar el parque público residencial.

El Sindicato de Inquilinas reclama que las administraciones adopten medidas antes de que se produzcan nuevos desalojos y sostiene que “las administraciones no pueden limitarse a gestionar las consecuencias de la emergencia habitacional mientras miles de personas tienen dificultades para acceder a una vivienda y otras se enfrentan directamente a la pérdida de su hogar, la verdadera política antidesahucios se hace mucho antes de que se den nuevos casos de desalojo, ahora, lo mínimo es actuar para que la persona afectada no se quede sin casa”.