La basura volvió a convertirse este viernes en uno de los grandes focos de enfrentamiento político del Ayuntamiento de Santa Cruz. Carlos Tarife (PP) reclamó más sanciones contra quienes ensucian la ciudad, mientras Patricia Hernández (PSOE) volvió a poner el foco en el contrato de limpieza y en servicios que, según denuncia, se pagan pero no se estarían prestando como establece el pliego.

El pleno ordinario celebrado este 25 de septiembre volvió a colocar la limpieza de Santa Cruz en el centro de la batalla municipal. La sesión estaba oficialmente convocada para este viernes y llegaba, además, en plena entrada en escena del nuevo recibo de la basura, cuyo periodo de pago voluntario acaba de comenzar.

De un lado, Carlos Tarife, concejal del PP responsable de Servicios Públicos, defendió endurecer la respuesta frente a los comportamientos incívicos y aumentar las multas a quienes abandonan residuos o ensucian las calles. Del otro, la portavoz socialista, Patricia Hernández, centró sus reproches en la propia prestación del servicio: sostiene que existen obligaciones del contrato de limpieza por las que el Ayuntamiento paga y que no se estarían ejecutando en los términos pactados.

La discusión no es nueva. Hernández lleva meses cuestionando, entre otros aspectos, el lavado de contenedores y el cumplimiento efectivo de las rutas. Tarife, por su parte, ha reconocido anteriormente carencias en el actual contrato y el Ayuntamiento ya prepara el que deberá sustituirlo cuando expire en noviembre de 2027. Entre las previsiones anunciadas están incorporar entre 40 y 50 barrenderos adicionales y pasar de tres a nueve zafarranchos semanales.

La confrontación adquiere ahora una dimensión añadida porque coincide con el cobro de la nueva tasa de residuos. Santa Cruz ha comenzado este mes de septiembre a notificar el recibo a los contribuyentes y el propio Ayuntamiento reconoce que su implantación responde a la Ley estatal 7/2022 de residuos y suelos contaminados.

El ‘basurazo’: una ley estatal y una factura decidida en Santa Cruz

La clave política tiene un matiz importante. La obligación de que los ayuntamientos cuenten con una tasa de residuos específica, diferenciada y no deficitaria procede de la Ley 7/2022, impulsada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y aprobada en las Cortes en 2022 para incorporar, entre otras cosas, normativa europea en materia de residuos. El PP se abstuvo en la votación principal de aquella ley.

Pero la ley estatal no fija cuánto debe pagar cada vecino de Santa Cruz ni exactamente cómo debe repartirse el recibo. Es el Ayuntamiento el que establece la ordenanza y la fórmula concreta para cubrir el coste del servicio.

En Santa Cruz, el gobierno municipal de CC y PP aprobó una modificación que supuso una subida media estimada en torno al 50%, pasando como referencia de unos 70 euros a unos 105 euros anuales de media, aunque la cuantía varía en función de las circunstancias establecidas por la ordenanza. El PSOE municipal votó en contra y posteriormente llevó la norma a los tribunales al considerar que los cálculos y las bonificaciones no se ajustaban correctamente a la ley.

Ahí está precisamente la paradoja que atraviesa ahora el debate político santacrucero: el PSOE local cuestiona cómo CC y PP han aplicado una tasa cuya obligación nace de una ley estatal impulsada por un Gobierno socialista, mientras PP y CC responsabilizan a Madrid de haber obligado a cambiar el sistema de financiación de la basura.

Y este viernes, mientras empiezan a llegar los recibos a las casas, la discusión ha regresado al punto más sensible para el vecino: cuánto paga por la basura y qué limpieza recibe a cambio.