Amador G. Ayora, director de elEconomista, adelantó este viernes en La Brújula de Onda Cero, presentada por Marta García Aller, la versión que le trasladaron directamente los propietarios de Urbagestión. La compañía niega ser un «fondo buitre» y explica que recibió esa vivienda como pago en especie por su trabajo en la operación inmobiliaria del edificio.

El caso Maricarmen incorpora una versión distinta a la que ha dominado durante los últimos días. Amador G. Ayora trasladó este viernes en La Brújula de Onda Cero el relato que, según explicó, le habían ofrecido directamente los responsables de Urbagestión, la sociedad propietaria de la vivienda de la que fue desahuciada esta semana la mujer de 87 años. La Brújula está presentada actualmente por Marta García Aller.

El primer mensaje de la compañía es rotundo: Urbagestión rechaza que sea un «fondo buitre» y asegura que el piso de Maricarmen es la única vivienda que tiene en propiedad. Esta última afirmación ya había sido realizada públicamente por la propia empresa y ha sido recogida por distintos medios.

La novedad aportada por Ayora está en cómo llegó ese piso a manos de Urbagestión. Según la versión de los propietarios relatada en Onda Cero, la sociedad intervino profesionalmente en la operación realizada con quienes adquirieron el edificio y, como contraprestación por ese trabajo, podía optar entre cobrar su comisión en dinero o recibir un pago en especie.

La empresa eligió la segunda fórmula y se quedó con la vivienda que posteriormente se convertiría en el centro del caso Maricarmen. Según este relato, por tanto, no se trató de la adquisición de un paquete de viviendas ni de una estrategia destinada a acumular pisos, sino del cobro de los servicios prestados en aquella operación mediante la entrega de ese inmueble. Este extremo concreto procede de la versión trasladada por Ayora y no consta todavía acreditado en la documentación pública consultada.

Los datos disponibles sí confirman que Urbagestión es una sociedad dedicada a la gestión, administración y promoción de activos inmobiliarios y que ha manifestado públicamente que no posee ninguna otra vivienda.

La otra gran cuestión abordada por la propiedad es la negociación previa al desahucio. Según el relato difundido por Ayora, Urbagestión sostiene que el Sindicato de Inquilinas bloqueó inicialmente cualquier posibilidad de una negociación directa y que, cuando posteriormente aparecieron alternativas para intentar que Maricarmen permaneciera en la vivienda, el procedimiento judicial estaba ya demasiado avanzado.

Esta versión contradice frontalmente la defendida por el sindicato y por la representación de Maricarmen, que aseguran que fue la propiedad la que rechazó las distintas propuestas. En los días inmediatamente anteriores al lanzamiento se conoció incluso el ofrecimiento de una persona dispuesta a completar la renta para evitar el desahucio.

Urbagestión sostiene, sin embargo, que las conversaciones llegaron tarde y que para entonces la estrategia de presión desplegada alrededor del caso había deteriorado cualquier posibilidad de entendimiento.

La compañía denuncia también las consecuencias que esa campaña habría tenido sobre su actividad. Según lo relatado por Ayora, los responsables aseguran que las llamadas, correos y comunicaciones llegaron a dificultar seriamente el funcionamiento de la centralita y que recibieron incluso una caja con cucarachas. Estos episodios forman parte de la versión empresarial y no constan por ahora verificados de manera independiente.

La tensión ya ha llegado a los tribunales. Urbagestión ha emprendido acciones judiciales contra el Sindicato de Inquilinas por el uso del término «fondo buitre» y por actuaciones desarrolladas durante la campaña de presión contra la empresa.

El resultado es ahora una batalla de dos relatos contrapuestos. El Sindicato de Inquilinas mantiene que intentó encontrar una solución para que Maricarmen pudiera permanecer en su vivienda; Urbagestión responde que no es un fondo buitre, que solo posee ese piso, que lo recibió como contraprestación por su trabajo en la operación del edificio y que la intervención del sindicato terminó bloqueando, según su versión, las posibilidades reales de acuerdo.

Sindicato de Inquilinas y Sumar, de la mano en vivienda: Urbagestión denuncia la politización del caso

Urbagestión considera además que el conflicto dejó de ser únicamente una disputa entre propiedad e inquilina y acabó convirtiéndose en una causa política y mediática.

El Sindicato de Inquilinas no forma parte orgánicamente de Sumar, pero existen vínculos públicos de colaboración e interlocución en materia de vivienda. La propia web de Movimiento Sumar recomienda a quienes necesitan asesoramiento jurídico profesional sobre alquileres ponerse en contacto con el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.

En el caso concreto de Maricarmen, ambas posiciones también han coincidido. El Sindicato de Inquilinas convocó las movilizaciones para intentar impedir el lanzamiento, mientras Sumar exigió posteriormente que el Gobierno llevara al Consejo de Ministros la expropiación del piso.

Además, el diputado de Sumar Enrique Santiago participó en la concentración celebrada ante la vivienda de Maricarmen durante la jornada del desahucio.

Es sobre esa coincidencia política y pública sobre la que Urbagestión sustenta su acusación de politización del caso. La empresa interpreta que el Sindicato de Inquilinas y Sumar han ido de la mano en la dimensión política del conflicto, mientras ambas organizaciones defienden su actuación como parte de sus posiciones sobre el derecho a la vivienda.

Así, el debate ya no gira únicamente alrededor de lo sucedido en el número 46 de Alcalde Sainz de Baranda. También se ha trasladado a quién bloqueó realmente una salida negociada, qué papel desempeñó la movilización política y social y hasta qué punto la imagen proyectada de Urbagestión se corresponde con la naturaleza y patrimonio real de la empresa.