Hay días en los que el esperpento no necesita demasiado guion porque la propia política se encarga de escribirlo. Yolanda Díaz es vicepresidenta segunda del Gobierno de España, ministra de Trabajo y Economía Social, se sienta en el Consejo de Ministros y forma parte del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. Este domingo pronunció durante un acto del PCE una frase que por sí sola resume una contradicción política de tamaño considerable: «Si hay que movilizarse contra el Gobierno de España, movilicémonos». No lo dijo una dirigente de la oposición, ni una portavoz sindical subida a una pancarta, ni una ciudadana indignada en la Puerta del Sol. Lo dijo una vicepresidenta del mismo Gobierno contra el que proponía movilizarse.
Valle-Inclán convirtió el esperpento en una manera de contemplar una España deformada por sus propias contradicciones y Max Estrella hablaba de aquellos «cráneos privilegiados» que todavía sobreviven en nuestro imaginario. Más de un siglo después, quizá ni siquiera hagan falta los espejos del Callejón del Gato. Basta colocar un micrófono delante de determinados dirigentes y esperar. Porque una cosa es discrepar dentro de un Gobierno, exigir más a un socio, votar contra una propuesta o incluso abandonar una coalición si se considera que ya no representa aquello que uno defiende, y otra muy diferente es ejercer el poder y pretender ocupar simultáneamente el espacio de quien protesta contra él.
Ese es el problema. Se gobierna, pero se habla como oposición. Se participa del Consejo de Ministros, pero llegado el momento se intenta saltar al otro lado de la pancarta. Se forma parte del Ejecutivo que tiene capacidad para tomar decisiones y, cuando la presión social aumenta, se corre el riesgo de proyectar la imagen de quien pasaba por allí. Los ciudadanos pueden comprender perfectamente las diferencias existentes dentro de una coalición. Lo que resulta mucho más complicado de entender es que la responsabilidad desaparezca justamente cuando empiezan los problemas.
Y la vivienda es demasiado importante como para convertirla en atrezo de una representación política. El caso de Maricarmen ha resultado doloroso y ha funcionado como detonante de una movilización que coloca otra vez en primer plano un problema real. España tiene una dificultad gravísima de acceso a la vivienda. Jóvenes que trabajan y no pueden emanciparse, familias que entregan una parte enorme de sus ingresos al alquiler, personas vulnerables que pueden quedarse sin una alternativa habitacional y también propietarios sometidos a una regulación que cambia constantemente. Tenemos escasez de oferta en muchas zonas, un parque público insuficiente y una discusión permanente sobre regulación, suelo, construcción, rehabilitación, protección social y seguridad jurídica.
No todos los propietarios son especuladores, ni todos los inquilinos son okupas, ni cualquier empresa que gestione viviendas es un fondo buitre, ni toda regulación garantiza por sí sola que aparezcan pisos asequibles. La realidad es mucho más compleja que el eslogan de turno y precisamente por eso exige políticos capaces de gestionar, negociar y decidir, no solamente de situarse junto a la pancarta que resulte más conveniente ese día.
La acampada de la Puerta del Sol ha añadido además otra escena que explica demasiado bien determinadas inercias de nuestra política. Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Gobierno central han mantenido posiciones enfrentadas sobre quién debe intervenir y cuáles son las competencias policiales correspondientes. Cuando aparece un problema, comienza demasiado rápido la búsqueda de la administración de al lado. El éxito suele tener muchos padres; el problema, curiosamente, termina siendo huérfano.
Y esa costumbre de encontrar siempre a otro responsable acaba deteriorando la confianza pública. Gobernar significa tomar decisiones, acertar unas veces, equivocarse otras y asumir las consecuencias de ambas. No conocemos las motivaciones personales de Yolanda Díaz ni de ningún otro dirigente y, por tanto, no corresponde presentar como un hecho que alguien siga en política únicamente por un salario, un cargo o una cuota de poder. Pero las palabras y los actos sí son públicos, y cuando una vicepresidenta pide movilizarse contra el mismo Ejecutivo del que forma parte, cualquier ciudadano tiene derecho a preguntarse dónde termina la discrepancia política y dónde comienza la pirueta para mantenerse a ambos lados del escenario.
Porque la gente recuerda. Los ciudadanos no son imbéciles, ni analfabetos, ni un rebaño incapaz de consultar una hemeroteca. Ese quizá sea uno de los grandes errores de nuestra política contemporánea: pensar que se puede decir una cosa un lunes, defender la contraria el viernes y regresar siete días después con un nuevo argumentario esperando que todo lo anterior haya desaparecido.
Y precisamente este inicio de semana ofrece otro capítulo de esa crisis de responsabilidades, esta vez en Ceuta. Miguel Ángel Pérez Triano ha presentado formalmente su renuncia como delegado del Gobierno en la ciudad autónoma. Su salida llega después de semanas marcadas por la crisis migratoria y por las controversias alrededor de los avisos previos del CNI. La Delegación sostiene que había trasladado desde tiempo atrás su voluntad de abandonar el cargo por motivos personales, mientras otras informaciones sitúan su marcha en plena presión política por la gestión de aquellos acontecimientos.
La secuencia resulta especialmente significativa porque Pérez Triano no es el primer cargo de su entorno que abandona sus responsabilidades. El pasado 11 de septiembre dimitió Gonzalo Sanz, entonces jefe de Gabinete del delegado del Gobierno, después de conocerse que había recibido mensajes y mantenido una conversación con un miembro del CNI el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de migrantes. Sanz sostuvo que había trasladado personalmente esa información a Pérez Triano; el delegado afirmó que desconocía esos contactos. Esa contradicción quedó instalada en el centro de la crisis.
Primero se marchó el jefe de Gabinete y ahora deja el cargo el delegado del Gobierno. Son hechos. Y los hechos vuelven a abrir una pregunta que no debería despacharse buscando simplemente el siguiente nombre al que responsabilizar. El propio presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha señalado públicamente que el análisis de lo sucedido no debe limitarse al delegado y ha apuntado también hacia las decisiones de Interior y Moncloa. Es una posición política, naturalmente, pero recuerda algo elemental: una crisis de esta magnitud no se explica únicamente mediante el último cargo que presenta su renuncia.
No se trata de convertir automáticamente cada dimisión en una prueba de culpabilidad del Gobierno central. Sí demuestra que la crisis política y administrativa derivada de Ceuta continúa abierta y que las explicaciones proporcionadas hasta ahora no han cerrado las controversias sobre qué se sabía, quién lo sabía, cuándo se comunicó y qué decisiones se tomaron. Cuando primero cae el jefe de Gabinete y semanas después renuncia el delegado, la cuestión deja de ser simplemente personal. Hay un problema institucional que merece una explicación completa.
Y mientras todo esto ocurre en Madrid y Ceuta, en Tenerife aparece un movimiento político en dirección contraria que también merece atención. José Bolorino, conocido durante años por su actividad en redes sociales y por su presencia continua alrededor de sucesos, seguridad, emergencias y problemas ciudadanos, se ha afiliado a Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife. Los compañeros de Diario de Avisos adelantaron este domingo su incorporación a la agrupación local nacionalista.
Hay, además, un dato que La Gaceta de Canarias ha podido confirmar. PSOE y Partido Popular también habían hablado con José Bolorino. Su nombre había despertado interés en diferentes espacios políticos, pero Coalición Canaria fue quien se adelantó y convirtió ese interés en un paso concreto. Hoy Bolorino está dentro de la agrupación nacionalista de Santa Cruz y eso, más allá de cualquier valoración personal sobre él, tiene una lectura política evidente: varias formaciones habían detectado en el mismo perfil algo que consideraban útil.
Bolorino representa justamente aquello que buena parte de la política tradicional intenta recuperar: calle. Su actividad pública ha estado ligada principalmente a las redes sociales, especialmente Facebook, y a información relacionada con accidentes, seguridad, emergencias, barrios y denuncias ciudadanas. Su estilo puede gustar o molestar, generar adhesiones o críticas, pero difícilmente puede acusársele de utilizar el lenguaje habitual del político construido durante décadas dentro de un aparato.
Ya se presentó en 2019 con su partido, Sentido Común. No hace falta entrar ahora en números ni en resultados porque lo importante para esta reflexión es otra cosa: conoce lo que significa presentarse ante los ciudadanos y lleva años manteniendo una relación directa con una audiencia construida fuera de las estructuras partidistas. La propia Junta Electoral dejó constancia entonces de su condición de candidato por Sentido Común.
Y ahora son los partidos quienes se acercan a él. Ese cambio de dirección resulta interesante. PSOE habló con Bolorino. PP habló con Bolorino. Coalición Canaria habló con Bolorino y finalmente se adelantó. No significa que la notoriedad en redes convierta automáticamente a alguien en buen gestor, ni que conocer los barrios garantice capacidad para administrar presupuestos, legislación o servicios públicos. Si algún día ocupa una responsabilidad institucional tendrá que demostrarlo exactamente igual que cualquier otro político.
Pero hay algo que tampoco debería olvidarse. José Bolorino es, en buena medida, un hombre hecho a sí mismo, con una capacidad de trabajo y de resiliencia difícil de discutir. Cuando prácticamente nadie veía todavía una ventana de comunicación potente en el mundo digital y en las redes sociales para contar lo que ocurría a pie de calle, él decidió abrirla. Lo hizo con aciertos y con errores, con virtudes y defectos, como cualquiera que se expone públicamente durante años, pero terminó encontrando un espacio propio, importante y reconocido entre mucha gente de Santa Cruz y de Tenerife. No sabemos hasta dónde llegará políticamente ni cuál será finalmente su recorrido. PSOE, PP y Coalición Canaria se han interesado por él, aunque hoy es CC quien lo tiene afiliado y, según ha podido saber esta casa, con el respaldo de Fernando Clavijo y José Manuel Bermúdez. Nosotros opinamos con la libertad con la que siempre lo hacemos y respetando también a quien piense exactamente lo contrario: Bolorino puede chocar, tiene una personalidad muy marcada y habrá aspectos suyos que gusten más y otros menos, pero precisamente esa diferencia con el político convencional puede aportar un soplo de aire fresco a una política que necesita abrirse mucho más a la calle.
Pero que tres espacios políticos importantes se hayan interesado por una persona nacida comunicativamente fuera de sus estructuras debería hacer pensar a quienes llevan demasiado tiempo encerrados dentro de ellas. Quizá hayan descubierto que existe una enorme distancia entre el despacho y la acera. Quizá hayan comprendido que una parte de la sociedad está cansada del dirigente que habla durante cinco minutos y no responde una sola pregunta, del argumentario enviado por WhatsApp, de la rueda de prensa diseñada para no decir nada y de esa extraordinaria habilidad política para explicar siempre por qué la culpa pertenece a otro.
La calle es bastante más sencilla. La calle pregunta por qué no puede pagar un alquiler, por qué tarda una ambulancia, por qué una obra permanece paralizada, por qué existe inseguridad en un barrio o por qué una administración lleva meses sin contestar. No pide treinta folios de argumentario. Pide respuestas.
Y ahí terminan cruzándose las dos historias. Yolanda Díaz lleva años dentro del Gobierno y este domingo necesitó presentarse también como parte de quienes se movilizan contra él. José Bolorino procede precisamente de fuera de las estructuras tradicionales y son los partidos los que llevan tiempo acercándose a él. Una intenta recuperar desde el despacho la calle que políticamente necesita; el otro llega desde la calle hacia un espacio político que sabe que necesita abrir ventanas.
A ello se suma Ceuta, donde la semana comienza con otra renuncia en una crisis que ya había dejado anteriormente la salida del jefe de Gabinete de la Delegación. Distintos casos, diferentes responsabilidades y un mismo problema de fondo: demasiadas veces la política parece emplear más energía en gestionar quién carga con el coste de un problema que en explicar con claridad qué ocurrió y cómo piensa solucionarlo.
España necesita cambios en muchas materias. Vivienda, administraciones, servicios públicos, seguridad, economía y calidad institucional están sometidos a desafíos enormes. Y precisamente por eso también necesita que su política cambie determinadas maneras de actuar: menos relato, menos teatro, menos búsqueda automática de culpables ajenos y más responsabilidad sobre aquello que cada uno tiene verdaderamente en sus manos.
No necesitamos fachas de izquierda ni fachas de derecha, ni iluminados, ni salvadores de última hora. Necesitamos sentido común, responsabilidad, profesionalidad y dirigentes capaces de entender que ocupar un cargo público significa responder por lo que se hace desde ese cargo.
Este fin de semana una vicepresidenta llamó a movilizarse contra su propio Gobierno. Este lunes Ceuta vuelve al primer plano con la renuncia de su delegado del Gobierno después de que semanas atrás también dimitiera su jefe de Gabinete. Y en Tenerife los principales partidos miran hacia perfiles como José Bolorino buscando una conexión diferente con la sociedad.
Son hechos distintos, pero dejan una pregunta que merece cerrar hoy Heavy Metal: ¿está nuestra clase política a la altura de los problemas que tiene España delante? Usted, ¿qué piensa?