Hay empresas públicas y hay empresas privadas. Y luego está AENA, que parece haber encontrado una fórmula bastante más rentable: ser pública cuando interesa y privada cuando conviene. Eso, traducido al idioma de la calle, tiene un nombre bastante menos sofisticado: doble vara de medir. Y cuando esa doble vara se utiliza durante demasiado tiempo, empieza a parecerse peligrosamente a tener mucha cara.

El último episodio es difícil de justificar. La gran obra de remodelación del aeropuerto Tenerife Sur, una contratación cercana a los 500 millones de euros, se ha quedado desierta. Ni una empresa ha presentado oferta. Ni una. Y cuando nadie quiere acudir a una licitación de semejante volumen, quizá el problema no sea que todas las constructoras se hayan puesto de acuerdo para equivocarse. A lo mejor el problema está en los precios, en los pliegos, en las condiciones y en la manera en la que AENA entiende que deben hacerse las cosas en Canarias.

Rosa Dávila ha salido en tromba. Y con razón. La presidenta del Cabildo de Tenerife ha mostrado su indignación porque estamos hablando de una infraestructura absolutamente estratégica. No es una obra ornamental ni una reforma que pueda esperar tranquilamente en un cajón. Tenerife Sur es una de las grandes puertas de entrada de Canarias y una pieza fundamental de la industria turística de la Isla.

Ahora AENA reconoce que los costes son los que son. Javier Marín, vicepresidente de la compañía, admite que estamos ante «un proyecto difícil en un momento difícil». Y su presidente, Maurici Lucena, reconoce que quedarse sin ofertas «no es una buena noticia». También aparece el argumento de que AENA es una compañía controlada mayoritariamente por el Estado y que, por tanto, tiene determinadas obligaciones y procedimientos.

Ahí está precisamente el asunto.

Cuando interesa, AENA es pública. Cuando no interesa, AENA es privada.

Cuando Canarias reclama inversiones, mejores terminales, infraestructuras dignas o que parte de la enorme actividad económica que generan nuestros aeropuertos vuelva realmente a ellos, aparece la empresa cotizada, los criterios empresariales, la rentabilidad y los accionistas. Pero cuando una licitación de casi 500 millones termina con cero ofertas y hay que explicar el desastre, entonces recordamos que el Estado tiene el 51%, que existen procedimientos administrativos y que una empresa pública no puede hacer cualquier cosa.

No. Las dos cosas a la vez, dependiendo de lo que toque explicar ese día, no pueden servir siempre de excusa.

Y menos todavía en Canarias. Aquí un aeropuerto no es simplemente un aeropuerto. Es nuestra autopista hacia el exterior. Es nuestro tren de alta velocidad. Es nuestro puente con Europa y con el resto del mundo. Nuestra primera industria, el turismo, entra mayoritariamente por esas terminales. Y también los canarios dependemos del avión para cuestiones que en territorio continental se resuelven subiéndose a un coche o a un tren.

Eso sí: cuando toca hacer caja, pocas dudas existen sobre el modelo empresarial.

Que se lo pregunten al viajero que entra en una cafetería de un aeropuerto canario. Un bocadillo y un refresco pueden colocarse tranquilamente en los 12 o 13 euros. Una botella de agua puede rondar los cinco o seis euros. Y una pareja que pare simplemente a tomarse un bocadillo o un cruasán con un café o un refresco puede comprobar cómo la cuenta supera fácilmente los 21 euros.

Veintiún euros. Dos personas. Una cafetería. Sin mantel de hilo, sin camarero con pajarita y sin estrella Michelin. Un bocadillo, un cruasán, un café o un refresco.

Y detrás de esos precios existe también una realidad que conviene contar. Los establecimientos que trabajan dentro de los aeropuertos soportan costes, rentas y condiciones comerciales elevadas por ocupar esos espacios. El empresario paga, traslada una parte de ese coste al producto y, como siempre ocurre al final de la cadena, aparece el verdadero pagador de la fiesta: el usuario.

Ahí AENA sí sabe perfectamente lo que significa rentabilizar un activo. Aparcamientos, locales comerciales, restauración, espacios publicitarios, alquileres… Cada metro cuadrado tiene precio. Cada servicio genera negocio. Perfecto. Nadie pide que AENA regale nada.

Pero precisamente por eso resulta todavía más difícil aceptar que, cuando llega el momento de ejecutar una inversión fundamental para Tenerife, nos encontremos con 500 millones encima de la mesa y ninguna empresa dispuesta a realizar la obra en las condiciones planteadas.

Los aeropuertos canarios constituyen una pieza extraordinariamente rentable y estratégica de la red española. Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura o Tenerife Norte mueven millones de pasajeros y sostienen buena parte del engranaje económico del Archipiélago. Sin aeropuertos competitivos no hay destino turístico competitivo. Así de sencillo.

Y mientras crece el tráfico, demasiadas instalaciones transmiten la sensación de ir siempre un paso por detrás de las necesidades reales de las Islas. Más pasajeros, más actividad, más negocio, más ingresos. Pero cuando llega la hora de las grandes inversiones aparecen los procedimientos, los plazos, las revisiones y ahora, además, una licitación desierta.

Por eso Rosa Dávila hace bien en plantar cara. Y el Cabildo debe mantener la presión. AENA tiene que revisar las condiciones, ajustar los precios a la realidad del mercado y volver a licitar cuanto antes, evitando que este fracaso termine convirtiéndose en otra magnífica excusa para retrasar durante años una infraestructura imprescindible.

Porque lo sucedido tiene una lectura demoledoramente sencilla: si sacas una obra cercana a los 500 millones y no se presenta absolutamente nadie, algo has hecho mal.

No necesitamos una tesis doctoral para entenderlo.

Tampoco necesitamos que AENA nos explique cada mañana qué traje se pone. Si hoy toca el de empresa pública o mañana el de sociedad cotizada. El Estado controla el 51% y el resto está en manos privadas. Esa es su naturaleza. Lo que no puede convertirse esa naturaleza híbrida es en una coartada permanente para disfrutar de lo mejor de ambos mundos mientras Canarias soporta lo peor de los dos.

Porque para cobrar cinco euros por el agua, trece por un bocadillo y un refresco, o más de veinte euros por una parada de dos personas en una cafetería, el modelo de negocio funciona como un reloj.

Curiosamente, el reloj empieza a atrasarse cuando toca invertir.

Y eso ya no es una doble vara de medir.

Eso es tener mucha cara.