El sindicato Derecho al Techo trasladará este miércoles al Instituto Canario de la Vivienda un paquete de medidas para que el Ejecutivo autonómico intervenga ante las dificultades de acceso a una vivienda en las Islas, con especial atención a los precios del alquiler, los contratos de temporada y la situación de las personas vulnerables ante los desahucios.

La organización considera que el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar a nivel estatal, conocido como “Decreto Maricarmen”, aborda algunas de estas cuestiones, pero reclama que Canarias adopte iniciativas dentro de las competencias que tiene atribuidas. “La responsabilidad no termina en Madrid”, sostiene el sindicato.

Entre las propuestas figura la activación de zonas de mercado residencial tensionado en los territorios que cumplan las condiciones previstas en la legislación. El procedimiento establecido en Canarias permite que los ayuntamientos soliciten estas declaraciones y aporten información sobre la evolución de los alquileres y compraventas, los ingresos de los hogares y las medidas necesarias para corregir los desequilibrios.

La decisión definitiva corresponde a la Consejería competente en materia de vivienda. Una vez declarada, la consideración de zona tensionada tiene una duración inicial de tres años, con posibilidad de ampliación si se mantienen las circunstancias que motivaron su aprobación.

Derecho al Techo también reclama una actuación específica sobre los alquileres de temporada y por habitaciones. El sindicato denuncia que determinadas fórmulas contractuales pueden utilizarse para evitar las condiciones previstas para los arrendamientos de vivienda habitual y pide mecanismos para detectar y corregir estos casos.

A estas medidas suma la recuperación de inmuebles actualmente vacíos para destinarlos a residencia y el incremento del parque público de vivienda. La organización reclama además que las personas en situación de vulnerabilidad dispongan de una alternativa habitacional antes de que se produzca un desahucio.

Según el sindicato, las dificultades para mantener una vivienda no comienzan con el lanzamiento, sino que están relacionadas previamente con factores como el coste de los alquileres, la temporalidad de los contratos y la ausencia de opciones residenciales asequibles.

El listado que Derecho al Techo llevará al Instituto Canario de la Vivienda incluye siete demandas: una mayor intervención del Estado ante la emergencia habitacional, la declaración de zonas tensionadas cuando proceda, medidas para contener las rentas, control de los contratos de temporada, movilización de viviendas vacías, ampliación del parque público y garantías de alojamiento alternativo para personas vulnerables.