El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el real decreto ley que introduce la prórroga automática de los contratos de alquiler, una medida que entrará en vigor este viernes y que podría decaer ese mismo día si no obtiene la convalidación del Congreso de los Diputados.

La norma establece que, cuando el propietario decida no renovar un contrato de alquiler, deberá compensar al inquilino con una cantidad equivalente a 12 mensualidades de una renta de vivienda similar. El cálculo se realizará conforme al sistema estatal de referencia de precios del alquiler y la compensación no podrá ser inferior a una mensualidad por cada año de residencia.

El decreto contempla excepciones a esta indemnización cuando exista una causa justificada para no prorrogar el contrato. Entre ellas figura que el propietario, si es una persona física, necesite la vivienda para sí mismo o para familiares de segundo grado. En ese supuesto, el inquilino tendrá derecho a recibir la compensación si el inmueble no es ocupado en un plazo de tres meses.

También quedan fuera los casos en los que el arrendatario no resida efectivamente en la vivienda o disponga de otro inmueble adecuado en el mismo municipio. Si se firma un nuevo contrato de vivienda habitual sobre el mismo inmueble, este deberá garantizar la permanencia del arrendatario durante al menos cinco años, o siete si el propietario es una persona jurídica.

El texto publicado en el BOE tiene ocho páginas y se suma al decreto aprobado y publicado este miércoles, que incorpora otras medidas relacionadas con la vivienda, entre ellas disposiciones sobre desahucios, incentivos fiscales, alquiler temporal y de habitaciones, los denominados «fondos buitre», el IVA del 10 % para los pisos turísticos y ayudas destinadas a la compra de una primera vivienda.

El Gobierno sostiene que este segundo decreto responde al interés general al buscar estabilidad para los hogares y para el mercado de la vivienda habitual. El Ejecutivo defiende que las medidas pretenden regular el mercado sin restringir la oferta de alquiler, alterar el contenido económico de los contratos ni afectar a la seguridad jurídica.

La norma también permite al inquilino solicitar una prórroga extraordinaria de hasta un año cuando el propietario haya comunicado válidamente su intención de no renovar. Para acceder a ella será necesario acreditar una situación de vulnerabilidad social y económica mediante un informe o certificado de los servicios sociales municipales o autonómicos emitido durante el último año. Los grandes tenedores estarán obligados a aceptar esta prórroga.

En las zonas declaradas de mercado residencial tensionado, el decreto contempla una prórroga extraordinaria de carácter anual durante un máximo de tres años cuando haya terminado el periodo de prórroga obligatoria y el propietario haya comunicado su voluntad de no continuar con el contrato. Durante ese periodo se mantendrán las condiciones existentes y el arrendador deberá aceptar la solicitud.

La norma establece además que cualquier cláusula que modifique las condiciones originales del contrato mediante los acuerdos de prórroga será nula.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha advertido de que previsiblemente habrá recursos judiciales contra las nuevas medidas por parte de empresas. «No me cabe duda de que sucederá», ha señalado en una entrevista en la SER, aunque ha defendido que el texto ha sido elaborado «con rigor».

Rodríguez también ha cuestionado que gobiernos autonómicos o partidos políticos recurran de forma reiterada las medidas impulsadas por el Ejecutivo y ha diferenciado esas posibles acciones judiciales de su preocupación por el respaldo parlamentario a los decretos.

La ministra confía en que el Congreso convalide este viernes las dos normas de vivienda y espera que Podemos vote a favor después del respaldo expresado por el Sindicato de Inquilinas. Sobre Junts, ha mantenido una posición más prudente pese a destacar el trabajo realizado con la formación.

«El texto que ha salido del Consejo de Ministros no puede contentar al 100 % de las fuerzas políticas porque todas ellas están representadas y todas hemos hecho renuncias, también yo», ha afirmado Rodríguez.