El Gobierno de Canarias abrirá este mes de octubre el periodo de exposición pública del expediente promovido para declarar Las Palmas de Gran Canaria como zona residencial tensionada, después de analizar la documentación adicional solicitada al Ayuntamiento y recibida por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda el pasado febrero.
El procedimiento establece un periodo de información pública de al menos 20 días, durante el cual la ciudadanía podrá consultar la documentación que sustenta la solicitud y presentar alegaciones. El anuncio deberá publicarse tanto en el Boletín Oficial de Canarias como en el de la Provincia de Las Palmas.
Una vez concluido ese plazo, la Administración autonómica estudiará las alegaciones y solicitará un informe al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria antes de adoptar una decisión definitiva sobre la declaración.
La iniciativa municipal se remonta a mayo de 2024, cuando el Consistorio pidió al Ejecutivo autonómico que todo el término municipal fuese considerado zona de mercado residencial tensionado. La competencia para efectuar esta declaración corresponde al Gobierno de Canarias.
El Ayuntamiento aportó posteriormente documentación técnica elaborada con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En enero de 2025 remitió un estudio complementario sobre la situación del mercado residencial en el conjunto de la ciudad y, en noviembre de ese mismo año, volvió a reclamar formalmente la declaración.
El Ejecutivo autonómico requirió información adicional al Consistorio en febrero de 2026. Según fuentes de la Consejería consultadas por EFE, la documentación facilitada posteriormente ha sido examinada y ha permitido avanzar ahora hasta la fase de exposición pública.
El decreto ley 1/2024 de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda establece que, durante este trámite, deben ponerse a disposición de los ciudadanos los documentos utilizados para elaborar la memoria justificativa de la solicitud, así como el plan específico de medidas planteado para la zona.
La normativa permite además a la Administración autonómica solicitar información adicional sobre la evolución y las características del mercado residencial antes de resolver el expediente. Una vez completados todos los trámites, corresponderá al Gobierno de Canarias decidir si declara o no la zona residencial tensionada. En caso de rechazo, el procedimiento quedaría archivado.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya señaló en el Parlamento autonómico el pasado junio que la petición de Las Palmas de Gran Canaria sería aceptada si cumplía los requisitos establecidos, aunque puso en duda sus efectos y afirmó que «no va a servir de nada».