La huelga general del próximo 11 de noviembre abre un nuevo frente entre empresarios y sindicatos en Canarias. La patronal del Archipiélago cuestiona la convocatoria, según recoge El Día, mientras las organizaciones sindicales defienden la movilización como respuesta a las dificultades para acceder a una vivienda y al deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores.

El paro de 24 horas impulsado por CCOO y UGT junto al movimiento de inquilinos llegará a 18 días de las elecciones generales del 29 de noviembre y dos días antes del inicio de la campaña electoral. Su proximidad a las urnas ha intensificado el debate sobre el alcance de la protesta.

La controversia también se extiende al ámbito nacional. CEOE y Cepyme rechazan que las empresas soporten las consecuencias de una movilización que, a su juicio, responde a problemas cuya solución corresponde a las administraciones públicas. Las organizaciones empresariales han cuestionado el encaje jurídico de la convocatoria.

Los convocantes vinculan, por su parte, la emergencia habitacional con las condiciones laborales: sostienen que los salarios deben permitir afrontar el coste de una vivienda. Por ello, sitúan la mejora salarial entre los objetivos de una protesta que también reclama cambios en las políticas públicas de vivienda.

En Canarias, el enfrentamiento reúne dos posiciones contrapuestas: los empresarios cuestionan la oportunidad y el planteamiento de la huelga, mientras los sindicatos consideran necesario aumentar la presión para conseguir soluciones al encarecimiento de la vivienda.