El colectivo ‘Derecho al Techo’ ha expresado su «enorme dolor» por el fallecimiento de Maricarmen, la mujer mayor que había sufrido un desahucio y cuya situación se convirtió en uno de los focos de las movilizaciones por el acceso a la vivienda.

En un comunicado, la entidad ha reclamado a las instituciones que refuercen la protección de las personas mayores y de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, al considerar que la pérdida de la vivienda puede tener consecuencias sobre la salud, la estabilidad y la dignidad de quienes la sufren.

Derecho al Techo sostiene que no puede desvincularse el fallecimiento de Maricarmen del impacto que, a su juicio, genera afrontar la pérdida del hogar. La organización menciona especialmente «el sufrimiento, la angustia, la indefensión y el enorme impacto psicológico» que pueden acompañar a un desahucio cuando afecta a personas mayores y vulnerables.

«Maricarmen no ha muerto. Para nosotras y nosotros, Maricarmen ha sido víctima de un sistema que antepone el negocio y la propiedad a la vida y a la dignidad de las personas», afirma la organización, que añade: «Por eso decimos insistimos, no ha muerto, ha sido asesinada».

La entidad recuerda asimismo las advertencias de Naciones Unidas sobre el riesgo que afrontan las personas mayores ante los desalojos forzosos y sobre las consecuencias que la pérdida del hogar puede tener para su salud y bienestar.

Según Derecho al Techo, las normas internacionales establecen que los desalojos deben desarrollarse respetando la dignidad de las personas y las garantías procesales, además de contemplar una vivienda alternativa adecuada cuando el desalojo resulte inevitable.

La organización asegura que ha acompañado anteriormente a personas afectadas por desahucios que posteriormente han sufrido depresión, desesperación y decepción. «Cuando se desahucia a una persona no se está moviendo solamente una puerta, se está poniendo en riesgo su vida, su salud, su estabilidad y su dignidad», sostiene.

Derecho al Techo también critica el modelo de vivienda basado en la actividad económica y considera que quienes sufren sus consecuencias son las personas que pierden su hogar. «Mientras algunos hacen negocio con la vivienda, las personas pagan las consecuencias», señala.

La organización reclama a las administraciones que cumplan sus obligaciones de protección, con especial atención a las personas mayores y a quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. «Ningún beneficio económico puede estar por encima de una vida. Ninguna propiedad puede valer más que una persona», afirma.