El desahucio de Mari Carmen divide a la clase política sobre la vivienda y evidencia la falta de un pacto de Estado

Maricarmen espera en su casa a que se ejecute o se impida el desahucio, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, se enfrenta este miércoles día 23 a un cuarto y definitivo intento de desahucio de la casa donde ha vivido durante más de siete décadas, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para esa vivienda y tras su muerte, el contrato se subrogó en su esposa y, posteriormente, pasaría a Maricarmen. Fernando Sánchez / Europa Press 23/9/2026

El desahucio de Mari Carmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en una vivienda del madrileño barrio de El Retiro, ha vuelto a poner de manifiesto la crisis habitacional en España, al tiempo que ha evidenciado las diferencias entre las fuerzas políticas sobre las medidas necesarias para afrontar el problema.

Maricarmen residía en el inmueble con un contrato de renta antigua por el que abonaba 500 euros al mes. Su desahucio ha provocado protestas en Madrid, Barcelona y Oviedo y ha reactivado las demandas para alcanzar un acuerdo político que permita impulsar medidas frente a situaciones de vulnerabilidad habitacional.

El caso ha puesto además de manifiesto las diferencias entre los dos socios del Gobierno, PSOE y Sumar, sobre el alcance y la urgencia de las medidas que deben adoptarse. El PSOE trabaja para sacar adelante el real decreto de vivienda que inicialmente pretendía aprobar en julio, pero cuya tramitación se aplazó ante la falta de apoyos parlamentarios.

Los socialistas buscan ahora que el texto tenga un carácter amplio y transversal y pueda reunir una mayoría suficiente en el Congreso. Para ello, el Ejecutivo trata de acercar posiciones con Junts, que ha trasladado sus propias propuestas para apoyar la iniciativa.

Sumar, por su parte, reclama que el decreto sea aprobado en el próximo Consejo de Ministros e incluya la expropiación de la vivienda en la que residía Maricarmen. La formación también defiende incorporar al texto medidas como la congelación y prórroga de los alquileres y una mayor protección para los inquilinos y las familias frente a los grandes tenedores.

Las diferencias han provocado respuestas dentro del propio Ejecutivo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cuestionado la división entre las distintas fuerzas de la izquierda y ha señalado que el caso debería servir para favorecer acuerdos.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha responsabilizado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no haber actuado ante la situación y ha reclamado al PP y Vox que respalden en el Congreso las medidas destinadas a evitar desahucios.

El debate se ha extendido también a las formaciones catalanas. El diputado de ERC Gabriel Rufián ha acusado a Junts de intentar «chantajear» con el decreto de vivienda y ha reclamado que la formación se posicione sobre la iniciativa.

«Si Junts no quiere votarlo, que se retraten y que se sigan hundiendo en las encuestas para que jamás un partido al servicio de los buitres inmobiliarios tenga la influencia que esta gente tiene», ha añadido Rufián.

Desde Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, ha calificado de «asesinato» el desahucio de Maricarmen y ha acusado a PP y PSOE de «romper» España con una política de vivienda que, a su juicio, está provocando «una brecha de desigualdad insoportable».

El PP ha defendido otras vías para abordar la situación. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha señalado que el respaldo social al decreto de vivienda que prepara el Gobierno pasa por incrementar la construcción de viviendas y ofrecer mayor seguridad a los propietarios para favorecer que más inmuebles salgan al mercado del alquiler.

Desde EH Bildu, su portavoz adjunto en el Congreso, Oskar Matute, ha reclamado a todas las fuerzas políticas responsabilidad y voluntad para alcanzar acuerdos en materia de vivienda. La formación ha anunciado su respaldo a cualquier medida que permita garantizar que Maricarmen pueda continuar en su vivienda.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha planteado una intervención más contundente sobre el mercado inmobiliario y ha defendido que «hay que sacar a ‘gorrazos’ a los fondos buitre y a los fondos de inversión del mercado de la vivienda».

Sordo ha insistido además en que «hay ser muy drásticos para evitar usos especulativos de la vivienda España».

En paralelo, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado a las administraciones y al resto de poderes públicos que adopten medidas urgentes para evitar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad.