Esta reflexión nace a raíz de la convocatoria anticipada de elecciones de Pedro Sánchez para el 29 de noviembre, pero el hartazgo viene de mucho antes y alcanza a todos los colores políticos. Es impresentable. Lo que ayer era blanco hoy es negro, mañana será azul marino y después volverá a ser blanco o se convertirá en rosa. Todo depende de quién gobierne, quién necesite un pacto y quién tenga que justificar lo que antes consideraba intolerable. Y los ciudadanos tenemos que acompañar cada cambio sin rechistar, olvidar lo que escuchamos, aplaudir lo contrario y aceptar que se haga exactamente aquello que se aseguró que jamás se haría. Es un chuleo constante a la sociedad.
Da igual que seas de derechas, de izquierdas, nacionalista o independentista. Adelante, atrás, un, dos, tres. Da igual. Ninguna ideología concede superioridad moral y ningún carné da permiso para tomarle el pelo a nadie. Un ciudadano merece respeto vote a quien vote, también cuando deja de votar a los nuestros. Con la corrupción, el espectáculo resulta especialmente vergonzoso: si salpica al adversario, se exige su cabeza; si afecta a los propios, aparecen los matices, las excusas y las conspiraciones. Para unos, condena inmediata; para otros, comprensión infinita. La corrupción no cambia de gravedad cuando cambia de carné. Lo que cambia es la voluntad de condenarla. La presunción de inocencia debe valer para todos y la exigencia de responsabilidades, también.
Cansa la mentira, cansa la demagogia y cansa el uso interesado del conocimiento de las leyes para beneficio propio. Conocer los procedimientos, los resquicios y los plazos debería servir para cumplir mejor las obligaciones públicas. Utilizarlos para proteger un cargo o esquivar responsabilidades merece reproche, por muy hábil que sea la maniobra. Mientras tanto, siempre paga el pato el mismo: el que se levanta a las seis de la mañana, abre su negocio, entra a trabajar, cuida a un familiar o encadena jornadas para llegar a fin de mes. El que paga impuestos y espera que alguien respete ese esfuerzo.
A ese ciudadano se le pide paciencia para todo: para la vivienda, para las listas de espera, para los trámites y para los servicios que no llegan. Pero las urgencias del partido suelen resolverse deprisa. Para repartir cargos, encontrar acomodo a los propios o conservar una posición, la maquinaria funciona. Los partidos no pueden convertirse en grandes ETT, en empresas de trabajo temporal financiadas por quienes madrugan. Los puestos públicos no son premios a la obediencia, las instituciones no son una bolsa de empleo interna y los militantes merecen algo mejor que aplaudir cada contradicción de sus dirigentes.
Los medios de comunicación también tenemos responsabilidad, y La Gaceta de Canarias está incluida. No podemos señalar a los partidos y dejarnos fuera de la fotografía. No venimos a dar lecciones de ética ni de moralidad a nadie; nos corresponde empezar por examinarnos. Cuando informamos para confirmar lo que nuestra audiencia quiere escuchar, fallamos. Cuando buscamos alimentar el rechazo contra alguien, fallamos. Cuando exigimos explicaciones a unos y se las ahorramos a otros, fallamos. La afinidad del lector no puede sustituir al rigor.
Tampoco podemos esconder el problema económico. Informar cuesta dinero: hay profesionales, nóminas, equipos y gastos que pagar, y la facturación privada muchas veces no alcanza. Demasiadas empresas, grandes, medianas y pequeñas, siguen viendo la publicidad como un gasto prescindible en lugar de una inversión. Esa visión debilita la sostenibilidad de los medios y empuja a buscar ingresos en la publicidad de las administraciones. Cuando el dinero público adquiere un peso decisivo en nuestras cuentas, aparece una dependencia que debemos reconocer. Si nuestra viabilidad depende de quienes debemos fiscalizar, tenemos un problema.
La publicidad institucional puede cumplir una función legítima, pero no puede convertirse en un premio a la complacencia ni en un castigo a la crítica. El dinero público no pertenece al partido que gobierna. Contratar publicidad no debería comprar indulgencia editorial, y las dificultades económicas de un medio tampoco justifican venderla. Se nos llama el cuarto poder porque podemos influir en la conversación pública, dar visibilidad a un problema y exigir explicaciones. También podemos silenciarlo, deformarlo o mirar hacia otro lado. Por eso nuestra responsabilidad es enorme: cada silencio interesado nos desacredita, cada titular complaciente nos debilita y cada indignación selectiva nos aleja del ciudadano.
Después llegan las preguntas sobre el hartazgo y el crecimiento de los discursos radicales de derecha y de izquierda. Ese terreno también se abona cuando la gente siente que nadie escucha, que todo se justifica y que quienes deberían exigir respuestas participan del mismo juego. Entonces aparecen quienes prometen arreglarlo todo a gritos, aunque gritar tampoco garantice soluciones. La honestidad debe exigirse con independencia de la ideología. Una mentira sigue siendo una mentira aunque la pronuncie alguien a quien votamos. Defender unas ideas no obliga a defender cualquier conducta, y los medios debemos aplicarnos exactamente la misma exigencia.
La viñeta muestra un rebaño porque demasiadas veces parece que así nos ven: dispuestos a seguir, a olvidar y a volver a creer. Pero votar no es entregar la conciencia. Leer un periódico tampoco. Ni los partidos ni los medios tenemos derecho a confundir la confianza de los ciudadanos con un permiso para burlarnos de ellos.