El Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión cautelar del derecho al voto de los ciudadanos nacionalizados al amparo de la ley de nietos, una medida que les impedirá participar en las elecciones del próximo 29 de noviembre mientras siga vigente. La decisión ha provocado las críticas del Gobierno, que espera ahora a que la Abogacía del Estado analice el alcance de la resolución y las posibles vías de actuación.

«Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos», ha lamentado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una conversación informal con periodistas durante la recepción oficial con motivo de la Fiesta Nacional. El ministro ha señalado que la Abogacía del Estado deberá estudiar si el auto del Supremo constituye una resolución definitiva sobre las medidas cautelares.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado contra la suspensión acordada el pasado 10 de septiembre, relacionada con las inscripciones en el Censo de residentes ausentes en el extranjero. La resolución incluye el voto particular de una magistrada de los seis integrantes de la Sección.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado habían solicitado que se levantaran las medidas cautelares, alegando la «imposibilidad material» de revisar los cerca de 170.000 expedientes afectados por la decisión judicial.

Sánchez acusa al PP y a Vox de limitar el derecho al voto

Antes de conocerse la resolución, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había responsabilizado a los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, de una decisión que, según ha denunciado, impedirá votar a miles de personas.

«Curioso que (PP y Vox) vayan pidiendo que la gente no vote», ha afirmado Sánchez, que ha relacionado este asunto con las críticas de dirigentes populares, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, al sistema de voto por correo.

El jefe del Ejecutivo ha defendido que «no puede haber ciudadanos de primera y de segunda» y ha calificado el sufragio como un «derecho fundamental de participación que no se puede sustraer». También ha recordado que las personas afectadas ya han podido votar en anteriores convocatorias electorales.

Fuentes del Gobierno han reconocido que el pronunciamiento del Supremo no ha resultado inesperado y han indicado que la Abogacía del Estado estudiará los próximos pasos. Según el Ejecutivo, en principio, la decisión solo podría ser recurrida por los afectados, aunque no descarta analizar posibles fórmulas de actuación colectiva.

El PSOE denuncia un «atropello» a los descendientes del exilio

El PSOE también ha cargado contra la resolución judicial y ha acusado al PP y a Vox de volver a «tropezar con la piedra» del franquismo. Los socialistas consideran que la suspensión supone un «atropello» y han anunciado que seguirán denunciándola.

«¿Los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí?», han planteado fuentes del partido, que vinculan la decisión con las críticas previas de ambas formaciones al voto por correo y al sistema electoral.

Los socialistas sostienen que la medida perjudica a los descendientes de españoles que tuvieron que abandonar el país durante la Guerra Civil y la dictadura. «De nuevo -han agregado- el PP y Vox se quitan la careta y vuelven a tropezar con la piedra del franquismo. Su único proyecto es el recorte masivo de derechos».

El PSOE ha concluido que la suspensión afecta a uno de los pilares de la democracia, el derecho a la participación electoral, y ha acusado a la «coalición reaccionaria, la coalición de los recortes» de impulsar una involución en materia de derechos.