Tras fracasar el intento de levantar las medidas cautelares ante el Supremo, la intervención de Ángel Gabilondo abre una posible vía para intentar recuperar el sufragio de los afectados antes de las elecciones del 29 de noviembre.

El Gobierno busca una salida al revés judicial de la denominada «ley de nietos». El Tribunal Supremo ha mantenido las restricciones cautelares que el Ejecutivo, con el respaldo de la Fiscalía, había solicitado levantar. La batalla se dirige ahora hacia el Tribunal Constitucional, al que el Gobierno espera que puedan acudir los afectados antes de las elecciones generales.

En ese escenario, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior ha solicitado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que interponga un recurso de amparo. La petición procede de este órgano consultivo y representativo de los españoles residentes fuera del país, y coincide con el objetivo del Ejecutivo de revertir las restricciones al voto.

El escrito mostrado en las imágenes reclama también que Gabilondo solicite al Constitucional la suspensión inmediata de las medidas impugnadas para los comicios del 29 de noviembre. Pretende una protección para el conjunto de los afectados, sin limitarla a quienes puedan conseguir una certificación consular o acreditar circunstancias individuales específicas.

La intervención solicitada al Defensor del Pueblo tiene un propósito concreto: que promueva el amparo ante el Constitucional. Hasta ahora, se trata de una petición para que actúe; no de un recurso cuya presentación o admisión esté confirmada. La posibilidad de acudir a esa vía también está contemplada para el Ministerio Fiscal y para los ciudadanos afectados, siempre que concurran los requisitos legales.

El Supremo confirmó las cautelares por cinco votos a uno y sostiene que deben preservarse las garantías del censo electoral mientras continúa el procedimiento. La suspensión no alcanza a quienes puedan acreditar su condición de descendientes de exiliados. Además, el tribunal ha abierto la posibilidad de que los interesados comparezcan y presenten alegaciones en defensa de sus derechos.

La respuesta política del Ejecutivo ha sido contundente. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, calificó la decisión de «atropello» y «despropósito», y recordó que beneficiarios de esta ley ya participaron en elecciones anteriores. El Gobierno espera una respuesta del Constitucional antes del 29-N, mientras el PP defiende la resolución como una garantía de la regularidad del proceso electoral.

El calendario añade presión a una controversia todavía abierta. El Ejecutivo mantiene su rechazo al veto, los representantes del exterior buscan la intervención de Gabilondo y los afectados afrontan las próximas semanas pendientes de si podrán recuperar el ejercicio del voto a tiempo para las urnas.