El Grupo Parlamentario Socialista ha reclamado al Gobierno de Canarias un nuevo plan de vivienda para el periodo 2027-2036 que permita alcanzar las 55.110 viviendas públicas en el archipiélago, frente a las 22.015 actuales. La iniciativa, defendida este miércoles por su portavoz, Sebastián Franquis, en el Parlamento autonómico, ha sido rechazada.

La propuesta planteaba incorporar 33.095 inmuebles al parque público durante los próximos diez años, hasta alcanzar al menos el 5% del conjunto de viviendas residenciales de las islas. Franquis ha acusado al Ejecutivo de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) de no responder con medidas suficientes a la crisis habitacional y ha reclamado un cambio en las políticas desarrolladas por el Gobierno de Fernando Clavijo.

Según los datos expuestos por el diputado socialista, Canarias dispone de 22.015 viviendas públicas frente a un parque residencial de 1.102.198 inmuebles, mientras que 36.950 personas están inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

«Si hay una emergencia, tiene que haber una respuesta a la altura», ha afirmado Franquis, quien ha pedido que la declaración de emergencia habitacional del Ejecutivo autonómico se traduzca en objetivos concretos y resultados verificables.

El plan defendido por el PSOE contempla diferentes vías para ampliar la oferta pública, entre ellas la construcción de nuevas viviendas, la adquisición de inmuebles, la rehabilitación de edificios, la recuperación de viviendas vacías y las cesiones de uso. También propone fijar objetivos específicos para cada isla, impulsar un programa de suelo público con cabildos y ayuntamientos y establecer una planificación económica plurianual que detalle las inversiones y las aportaciones de cada administración.

Franquis ha advertido de que el incremento de la oferta residencial no equivale necesariamente a ampliar el patrimonio público. «No es lo mismo construir viviendas que construir un parque público de vivienda», ha señalado, al reclamar información detallada sobre los recursos destinados a cada actuación y el número de inmuebles que pasan a formar parte de la red pública.

La proposición no de ley también exigía evaluar el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que preveía una inversión de 664 millones de euros y un total de 88.195 actuaciones. Los socialistas reclamaban al Gobierno que detallara el presupuesto ejecutado, los objetivos alcanzados y los compromisos que quedaron pendientes. «El dinero público no se mide por lo que se anuncia, sino por los resultados que produce en la vida de la gente», ha manifestado el portavoz.

La situación de los jóvenes constituye otro de los ejes de la iniciativa. Franquis ha señalado que la tasa de emancipación juvenil ha descendido desde aproximadamente el 20% al comienzo de la legislatura hasta el 14,1%. Para hacer frente a esta situación, su grupo propone crear un programa específico de Vivienda y Emancipación Joven, con financiación propia y metas evaluables.

El texto socialista incluía, además, un sistema público de seguimiento del plan y comparecencias anuales de la consejería competente ante el Parlamento para informar sobre los avances y plantear medidas correctoras.

Durante el debate, Franquis ha vinculado las dificultades de acceso a la vivienda con el aumento de la desigualdad, los problemas económicos de las familias y los obstáculos que encuentran los trabajadores y los jóvenes para acceder a un hogar. «La vivienda no puede ser un privilegio de quien puede pagarla. Tiene que ser un derecho efectivo para quien necesita un hogar», ha defendido.