El Tribunal Supremo ha extinguido este martes la responsabilidad penal de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa por la causa del ‘procés’, en aplicación de la ley de amnistía, por lo que los cuatro recuperan la posibilidad de concurrir a las elecciones y ocupar cargos públicos. La decisión deja sin efecto sus inhabilitaciones, que se prolongaban hasta 2031 en el caso de Junqueras y hasta 2030 en el de los otros tres dirigentes independentistas.

La Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión en un auto que aplica la sentencia del Tribunal Constitucional que concedió el amparo a Bassa y ordenó reconocer la amnistía por el delito de malversación. El Supremo también acuerda eliminar los antecedentes penales, una medida solicitada asimismo por otros condenados en la misma causa, como Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Carme Forcadell y Josep Rull.

Junqueras fue condenado en 2019 a 13 años de prisión e inhabilitación, mientras que Turull, Romeva y Bassa recibieron penas de 12 años. En 2021, el Gobierno les concedió indultos parciales sobre las penas de cárcel. En junio de 2024, sin embargo, el Supremo rechazó aplicarles la amnistía por malversación al considerar que habían obtenido un beneficio personal de naturaleza patrimonial, una de las excepciones contempladas en la norma.

La amnistía de Puigdemont queda pendiente de trámites judiciales

La situación del expresidente catalán Carles Puigdemont todavía requiere completar varios pasos procesales antes de que el Supremo pueda pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía. El juez Pablo Llarena confirmó este lunes la anulación de la orden nacional de detención contra Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, pero su resolución aún puede ser recurrida.

Además, corresponde a Llarena dictar el auto de conclusión del sumario, un trámite que podría prolongarse unos días. La Sala no ha resuelto por ahora la situación de Puigdemont, aunque el fallo del Constitucional sobre la malversación abre la vía para aplicar la amnistía también en su caso.

El Supremo critica los argumentos del Constitucional

El auto del alto tribunal asume íntegramente la decisión del Constitucional, pero cuestiona duramente algunos de los razonamientos incluidos en la sentencia que concedió el amparo a Bassa. El TC había reprochado al Supremo una interpretación «extensiva e impredecible» de la ley de amnistía y un alejamiento del «sentido común» y de «la lógica».

La Sala de lo Penal considera que esas apreciaciones son «manifiestamente prescindibles» y «absolutamente innecesarias» para justificar la decisión del Constitucional.

«La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia», señala el auto.

Los magistrados sostienen también que la resolución del Constitucional supone una descalificación de los otros catorce jueces que defendieron una interpretación distinta de la ley, entre ellos cinco miembros del propio tribunal que expresaron su discrepancia mediante votos particulares.

A juicio de la Sala, «el significativo número de magistrados que han expresado su coincidencia con la tesis que ahora rechaza la mayoría del Tribunal Constitucional hace muy difícil aceptar con naturalidad la irracionalidad que se atribuye a la decisión recurrida».

El Supremo afirma que no interpreta el amparo concedido a Bassa como un conflicto institucional, sino como «una ruptura de este órgano con su propia jurisprudencia histórica». El tribunal amplía además sus críticas al papel que, a su juicio, ha asumido el Constitucional en los últimos años al revisar decisiones del Supremo, y cita otros procedimientos, como los relacionados con los ERE, el exdiputado Alberto Rodríguez y el nombramiento de la exfiscal general Dolores Delgado.

Junqueras celebra la decisión y el Gobierno defiende la ley

Oriol Junqueras ha celebrado la aplicación de la amnistía con un mensaje en la red social X: «Por fin se ha hecho justicia allí donde solo había injusticia». El líder de ERC ha añadido: «Ambición. País. Futuro».

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también ha valorado favorablemente la resolución y ha defendido la constitucionalidad de la norma. «Como hemos defendido siempre, la ley de amnistía es una ley plenamente constitucional que también respeta el Derecho europeo y no podemos sino celebrar su aplicación en su totalidad», ha afirmado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Govern de Salvador Illa ha expresado igualmente su «alegría» por la decisión. La portavoz del Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, ha señalado que la amnistía contribuye a «cohesionar» a la sociedad catalana y avanzar hacia el «reencuentro».