El tribunal requiere a Bolaños y Albares los nombres de los afectados por la «ley de nietos» y advierte de multas y posibles responsabilidades penales si incumplen.

El Tribunal Supremo ha dado un plazo de cinco días al Gobierno para entregar la relación nominal de las 163.020 personas afectadas por las medidas cautelares sobre el voto de los nacionalizados mediante la conocida como «ley de nietos». El requerimiento se dirige a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares y deberá cumplirse antes de las 15.00 horas del 28 de octubre. La documentación tendrá que remitirse al tribunal, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral.

La controversia afecta a la aplicación de una instrucción de Justicia que presume la condición de exiliados de los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. El Supremo exige distinguir a quienes acreditan los requisitos de la Ley de Memoria Democrática de quienes accedieron por esa presunción. La medida cautelar afecta al ejercicio del voto, sin que suponga por sí misma la retirada de la nacionalidad.

Si los ministros incumplen el requerimiento, la Sala podrá imponerles multas coercitivas de 1.000 euros, reiterarlas y trasladar los hechos para examinar posibles responsabilidades penales.

El tribunal también permite el primer envío de documentación electoral, pero exige advertir a los afectados de que su inscripción provisional en el censo no garantiza que puedan votar. Para hacerlo deberán contar con la certificación consular exigida por las resoluciones judiciales, que acredite los requisitos del exilio de sus ascendientes sin aplicar la presunción cuestionada.