El Ayuntamiento alega daños irreversibles, un elevado coste para las arcas municipales y riesgo de derrumbe del muro del cuartel de Almeyda.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución estatal que incluye el monumento a Franco en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática y ordena su retirada. El gobierno municipal de CC y PP solicita la suspensión cautelar mientras se resuelve el procedimiento judicial.

El consistorio que dirige José Manuel Bermúdez sostiene que ejecutar el desmantelamiento antes de una sentencia podría provocar consecuencias difíciles de revertir. Entre sus argumentos figura el posible riesgo de derrumbe del muro de contención del acuartelamiento de Almeyda, situado junto al conjunto escultórico.

La retirada también exigiría, según el escrito municipal, obras de gran envergadura, restricciones de circulación en el entorno de la Rambla y la avenida Francisco La Roche y una reorganización del espacio ocupado por la fuente. A estos trabajos se sumarían el traslado de las piezas y la habilitación de dependencias para su depósito y custodia, con el correspondiente desembolso municipal.

Otro de los ejes del recurso es la conservación de la escultura de Juan de Ávalos. Los servicios jurídicos municipales argumentan que desmontar sus piezas ensambladas podría ocasionar daños estructurales, materiales y estéticos irreparables.

El Ayuntamiento defiende además los valores artísticos y urbanos del conjunto y recuerda que tramita su incorporación al catálogo municipal de protección patrimonial. A su juicio, la conservación de la obra debe valorarse con independencia de su origen propagandístico.

La impugnación se dirige contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del 28 de agosto, que rechazó el recurso administrativo previo. Con este paso, Santa Cruz traslada a la Audiencia Nacional su petición de conservar el conjunto y paralizar cautelarmente su retirada.