La huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre contará con servicios mínimos en los principales sectores esenciales, tanto en el ámbito estatal como autonómico. En Canarias, el transporte público mantendrá buena parte de su actividad, con el 75% de los servicios habituales de TITSA y el 70% de las frecuencias del tranvía de Tenerife.

En el caso de TITSA, la compañía garantizará el 75% de los viajes programados, tanto en las líneas urbanas como interurbanas. Los servicios conectarán el área metropolitana, el norte y el sur de Tenerife, así como los accesos a los aeropuertos. El 25% restante de las expediciones previstas podrá sufrir cancelaciones o modificaciones.

Por su parte, el Tranvía de Tenerife mantendrá el 70% de sus servicios mínimos en las líneas 1 y 2. Aunque las frecuencias de paso serán inferiores a las de una jornada laboral ordinaria, el tranvía conservará su horario habitual, entre las 06.00 y las 24.00 horas.

En el transporte aéreo, los servicios mínimos establecidos para los vuelos nacionales con Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, así como para las rutas peninsulares sujetas a obligaciones de servicio público, oscilarán entre el 52% y el 85%.

En las conexiones entre España y el extranjero y en las rutas peninsulares cuya alternativa de transporte público supere las cinco horas, los mínimos se situarán entre el 39% y el 64%. Para los trayectos con alternativas inferiores a cinco horas, se garantizará entre el 18% y el 37% de las operaciones.

La actividad de Correos también contará con restricciones. Los servicios de distribución y los especiales destinados a la entrega de documentación electoral deberán funcionar al 50% de su capacidad, además de contar con una persona responsable. En los servicios rurales con atención al público relacionada con las elecciones generales, los mínimos serán del 100%.

Asimismo, las oficinas postales deberán disponer de al menos un trabajador en aquellas que cuenten con hasta cuatro empleados, dos en las de entre cinco y ocho trabajadores y tres en las que superen esa plantilla. En este último caso, uno de ellos deberá ser el director o responsable de la oficina.

En el sector de los hidrocarburos, deberá permanecer abierto el 20% de las estaciones de servicio de cada comarca y el mismo porcentaje de los puntos de suministro de combustible para embarcaciones de cada región. También se garantizará el abastecimiento urgente a hospitales, bomberos, ambulancias, fuerzas de seguridad y centros estratégicos, además de cubrir las necesidades del transporte aéreo y los puertos.

Las refinerías de Repsol, Petronor, Moeve y BP deberán mantener una carga operativa mínima en aquellas unidades críticas cuya paralización pueda comprometer la producción más allá de la jornada de huelga. También permanecerán disponibles las redes de transporte y distribución de gas natural, las plantas de regasificación, las estaciones de compresión, las conexiones internacionales y los almacenamientos subterráneos.

En el ámbito eléctrico, los servicios mínimos garantizarán la plena disponibilidad de las centrales nucleares, los grupos hidráulicos convencionales, las instalaciones de bombeo y las centrales térmicas de carbón y gas. El personal necesario se establecerá de manera individualizada para cada empresa e instalación.

La lucha contra los incendios forestales contará con una cobertura del 100% del personal en disponibilidad, los operadores de sala del Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF) y el servicio de guardia. En los sistemas de la red Hermes, los servicios mínimos se situarán en el 75%.

Por su parte, la seguridad privada deberá garantizar el 80% de sus efectivos en instalaciones estratégicas como centrales nucleares, refinerías, fábricas de armas, instalaciones de suministro de agua, entidades bancarias, centrales de alarma y servicios de custodia de dinero y objetos de valor. En el transporte público, la cobertura mínima será del 90%.

RTVE mantendrá los servicios esenciales de producción y emisión de informativos y comunicaciones oficiales. El personal mínimo será determinado por la presidencia de la corporación, aunque no podrá superar el 15% de la plantilla en Madrid ni el 40% en los centros territoriales.