La Diputación Permanente del Congreso ha dado luz verde este jueves a uno de los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno, pero ha rechazado la iniciativa que contemplaba la renovación automática de los contratos de alquiler. El decreto destinado a facilitar el acceso a la vivienda y combatir la especulación ha obtenido 35 votos favorables, correspondientes al PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos, frente a 34 votos en contra del PP, Vox y Junts.

El resultado ha sido diferente en la votación sobre la prórroga automática de los arrendamientos. En este caso, el PNV se ha unido al bloque contrario, junto a PP, Vox y Junts, que ha sumado 35 votos frente a los 34 de las formaciones de izquierda que respaldaban la propuesta.

Durante el debate, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha advertido de las consecuencias de rechazar la renovación automática de los contratos y ha cifrado en 4.341 euros el ahorro que podrían obtener cinco millones de inquilinos durante el periodo de prórroga.

La izquierda ha defendido las iniciativas como una respuesta a las reivindicaciones expresadas en las movilizaciones del miércoles. La diputada socialista Elisa Garrido ha sostenido que ambas medidas buscan «ayudar a todos quienes llenaron España clamando ante el drama de no poder acceder a una vivienda y por un salario digno».

Desde Sumar, Teslem Andala ha calificado la votación de «un referéndum a la vivienda» y ha defendido que el Gobierno continúe avanzando en el reconocimiento del papel de los sindicatos. En la misma línea, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha considerado insuficientes las medidas y ha reclamado «prohibir todos los desahucios».

Belarra también ha ironizado sobre la coincidencia de las votaciones con el inicio de la campaña electoral, atribuyéndola a la «pura casualidad».

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha reclamado mayores impuestos para quienes acumulan inmuebles con fines lucrativos y ha defendido que la vivienda «es un derecho como el respirar, la comida o el agua». Por su parte, Oskar Matute, de EH Bildu, ha argumentado que la renovación automática de los alquileres habría proporcionado «estabilidad y seguridad» tanto a los arrendatarios como a los pequeños propietarios.

Los partidos de la derecha han rechazado las propuestas y han dirigido sus críticas a la gestión del Ejecutivo. El diputado del PP Sergio Sayas ha acusado al Gobierno de haber «destrozado» los servicios públicos y deteriorado la seguridad jurídica. «Basta de tomar por idiotas a los españoles», ha afirmado durante su intervención, antes de referirse a las elecciones del 29 de noviembre.

Sayas también ha asegurado que los ciudadanos «hemos pagado las consecuencias de la incompetencia del Gobierno» y ha cuestionado los resultados de su política de vivienda.

Por parte de Vox, su portavoz en la Diputación Permanente, José María Figaredo, ha responsabilizado al Ejecutivo de favorecer los intereses de los «fondos buitre» y de contribuir a la escasez de viviendas. El diputado ha vinculado esta situación con la llegada de casi seis millones de personas a España durante los últimos cinco años.

El PP también ha calificado al Ejecutivo de «bananero» durante el debate y le ha reprochado haber prometido soluciones habitacionales sin ofrecer resultados, mientras que las formaciones de izquierda han acusado a la oposición de defender un modelo basado en la especulación urbanística y la liberalización del mercado del suelo.