La imagen habla por sí sola. Una papelera en Santa Cruz de Tenerife y, a sus pies, un reguero de desperdicios sobre la acera. Envases de comida, plásticos, envoltorios y una lata ocupan el suelo junto al recipiente destinado a recoger la basura.
La fotografía no permite saber cómo acabaron allí los residuos ni quién los dejó. Pero la escena invita a plantear una cuestión que demasiadas veces queda fuera del debate sobre la limpieza: ¿qué responsabilidad tiene el ciudadano en el estado de su ciudad?
El Ayuntamiento debe garantizar un servicio adecuado y la concesionaria debe cumplir sus obligaciones. Exigirlo es un derecho. Pero disponer de trabajadores de limpieza no convierte la calle en un vertedero ni elimina el deber individual de cuidar lo que compartimos.
Depositar los desperdicios dentro de la papelera, utilizar los contenedores adecuados o buscar otro punto de recogida si el recipiente está lleno son normas elementales de convivencia. La urbanidad empieza precisamente ahí: en entender que la comodidad de uno no puede convertirse en suciedad para todos.
Lo público se sostiene con el dinero de ciudadanos y empresas. Cada servicio de limpieza, cada vehículo y cada recogida se financian con recursos que salen de nuestros bolsillos. El incivismo también pasa factura.
Es fácil señalar al político o a la concesionaria. También corresponde mirar a quienes ensucian. Porque exigir una ciudad limpia implica asumir una obligación igual de sencilla: respetarla.
