El decreto ley introduce cambios en las listas de empleo, refuerza la movilidad de los funcionarios de carrera y crea bolsas especializadas para determinados servicios públicos.
El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley que modifica la normativa autonómica sobre empleo público con el objetivo de agilizar la cobertura de puestos vacantes, mejorar la gestión del personal temporal y reforzar la movilidad de los funcionarios de carrera.
La reforma modifica la Ley 2/2025, de 26 de junio, de medidas urgentes para reducir la temporalidad y mejorar la eficiencia y la calidad del empleo público. Entre sus principales novedades figura la creación de nuevos mecanismos para cubrir necesidades urgentes de personal sin recurrir directamente al nombramiento de funcionarios interinos.
Uno de los cambios más destacados es la implantación de la denominada movilidad temporal del personal funcionario de carrera, que sustituye a la anterior figura de promoción interna temporal. Este mecanismo permitirá que los empleados públicos desempeñen provisionalmente puestos vacantes de otros cuerpos, escalas o especialidades, siempre que reúnan los requisitos exigidos.
La norma establece que, cuando una vacante no pueda cubrirse mediante una comisión de servicios, deberá recurrirse primero a esta movilidad temporal antes de acudir al nombramiento de personal interino.
Cambios en las listas de empleo
El decreto ley también modifica la organización de las listas de empleo utilizadas para contratar personal funcionario interino. Las listas ordinarias pasarán a dividirse en dos bloques: uno integrado por quienes hayan participado en el proceso selectivo del que procede la lista y cumplan los requisitos, y otro reservado a personas que ya figuraban en la lista ordinaria anterior del mismo cuerpo o especialidad.
Además, se establecen plazos concretos para su elaboración y aprobación. La Administración deberá iniciar su confección en los tres meses posteriores a la finalización del proceso selectivo y aprobarlas en un máximo de nueve meses.
La reforma contempla también listas específicas, adicionales y provisionales, con un orden de prioridad que dará preferencia a las ordinarias, seguidas de las específicas, las adicionales y, por último, las provisionales.
Bolsas especializadas para determinados servicios
Otra de las novedades es la creación de listas especiales para cubrir las necesidades de personal de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Canarias y de los Institutos de Formación Profesional Marítimo-Pesquera y las Escuelas de Capacitación Agraria.
Estas bolsas tendrán carácter preferente respecto al resto de listas de empleo y se constituirán mediante concursos de méritos, en los que se valorarán la formación académica y la experiencia profesional relacionada con cada puesto.
En el ámbito educativo vinculado al sector primario, también se establece un régimen especial para que los funcionarios de carrera que impartan formación reglada puedan aplazar los efectos de su toma de posesión hasta el inicio del siguiente curso escolar, cuando sea necesario garantizar la continuidad de las clases.
Más cambios en la gestión de personal
El nuevo decreto ley incorpora medidas para simplificar los procedimientos de llamamiento, adjudicación y nombramiento de interinos, además de clarificar las competencias de los distintos órganos administrativos en la gestión de estos trabajadores.
También permitirá incrementar el número de plazas convocadas mediante el traslado de vacantes entre los turnos libre y de promoción interna, incluso cuando correspondan a distintas ofertas de empleo público acumuladas, siempre que se respeten los límites legales y las reservas para personas con discapacidad.
Por otra parte, se fija un plazo máximo de cuatro meses para resolver los procedimientos de compatibilidad y se crea un Registro de órganos de representación del personal funcionario, estatutario y laboral, que centralizará información sobre representantes sindicales, delegados, créditos horarios y liberaciones.
La modificación normativa responde, además, a los compromisos alcanzados entre el Gobierno de Canarias y la Administración General del Estado en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación, tras las discrepancias competenciales planteadas sobre la legislación autonómica.
Una vez publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), el decreto ley será remitido al Parlamento de Canarias para su convalidación.
